Según la Fiscalía Anticorrupción, el registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados evidencian que Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente.
De momento, sólo se ha analizado uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE: el "pelotazo" inmobiliario que Porto dio en el municipio de Villanueva de la Cañada. El estudio de este caso por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código Penal: el 439, que trata de "las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función".
Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos.
Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo insólito de la actuación de Porto, ya que los informes que se elevaban a la Comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en lo que ellos previamente elaboraban y en la aprobación definitiva del director. En el caso del informe de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecía la firma de ninguna de los técnicos. Presuntamente lo rubricó Porto, junto con un alto cargo.
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