Las estadísticas oficiales revelan que, a escala nacional, entre enero y julio de este año, no existe un significativo aumento del número de delitos comunes en relación con los que se registraron en el mismo período de 2008. Sin embargo, las cifras muestran que aumentaron delitos violentos como los homicidios por acción de sicarios, secuestros y robos de motos para cometer asaltos, entre otros, y azotan delitos como los vinculados al narcolavado y tráfico de drogas. Las cifras revelan también la mayor incidencia de los delitos en determinadas ciudades.
La percepción de inseguridad se mantiene, y la inquietud por esta última es cada vez mayor y aparece en las encuestas como una de las preocupaciones principales de los ecuatorianos. Aunque los índices delictivos en el Ecuador se hallen por debajo del promedio en América Latina, el imparable aumento de los delitos, su mayor violencia y la audacia con la que operan bandas delictivas, muchas veces con participación internacional, justifican la percepción ciudadana de inseguridad.
Las leyes penales, por su efecto disuasivo, inciden en el problema delictivo, pero son solo una variable, entre muchas otras. Las reformas parciales a esas no ayudan a
enfrentarlo. Antes que parches al Código Penal, se necesita emprender una reforma integral.
No obstante, además de las leyes, se halla la urgencia de dar una solución a la desastrosa situación del sistema carcelario. Ingenuamente, se cree que el aumento de las penas puede combatir el delito, sin considerar la realidad penitenciaria del país.
Junto a las leyes, el funcionamiento de la Justicia y el sistema penitenciario, otro pilar de la seguridad ciudadana es la modernización de la Policía, la formación profesional de sus integrantes, el combate a la corrupción en la institución. El equipamiento a la Policía y el incremento de su presupuesto no arrojarán resultados si está pendiente un radical y eficaz cambio de la institución.
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