En el orden del día de este lunes estaba previsto que interviniera el consejero de Economía,
Ángel Agudo, a petición propia, para informar sobre la reforma fiscal que proyecta el Ejecutivo. Sin embargo, antes de iniciarse este punto, el portavoz parlamentario del PP,
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, planteó como cuestión previa que se aplazara esta parte del pleno.
Rodríguez se remitió a un artículo del Reglamento del Parlamento para argumentar que los diputados deben disponer, con 48 horas de antelación, de información sobre los contenidos de las comparecencias, algo que en este caso no había sucedido.
"Queremos debatir, pero con documentación para poder debatir en las mismas condiciones", aseveró, criticando que esta información hubiera sido remitida al Consejo Económico y Social (CES) y no al PP. Relató que el Grupo Popular solicitó dicha documentación el pasado 9 de octubre y la solicitud fue aceptada a trámite por la Mesa del Parlamento y remitida al Gobierno, sin recibirse luego respuesta.
Los portavoces de los demás grupos se mostraron contrarios a la pretensión del PP. Así, desde el PSOE, Francisco Fernández Mañanes rechazó el aplazamiento de este punto para el próximo lunes, y el regionalista Rafael de la Sierra calificó esta medida de "ardid" para lograr "protagonismo". También se remitió al reglamento y detalló que la información previa es necesaria cuando se vota algo, pero no cuando se expone información sobre proyectos.
La presidenta en funciones del Parlamento, Rosa Valdés, decidió, tras oírles, que la sesión continuara, citando también un artículo del reglamento y recordando al PP que la comparecencia era precisamente para informarles y que podían plantear dudas o alegaciones en sus posteriores turnos de intervenciones.
Ante esta decisión, el PP reiteró sus argumentos y decidió abandonar el hemiciclo, lo que hicieron todos los miembros del grupo.
Con sus escaños vacíos, Agudo subió a la tribuna para afrontar su intervención, que comenzó criticando que al PP sólo le interesa la "propaganda gratuita" y la "demagogia" en lo que calificó de "pataleta infantil". "Es más fácil lanzar infundios y calumnias que debatir hora y media con el Gobierno de Cantabria sobre el sentido político de la reforma fiscal, eso no lo quieren hacer", sentenció.
Agudo acusó al PP de utilizar el Parlamento "como un altavoz para sus planfetos, sus mentiras, difamaciones y sus insultos". Para el consejero, hoy es "un día que no engrandece a este Parlamento ni a los políticos", sino que por el contrario, "les empequeñece".
Sentenció que el PP "no respeta al Parlamento", y denunció que, en lugar de "impulsar" la acción de Gobierno, la "obstaculizan" en temas "trascendentales". Así, reprochó que "la mano del PP intenta por todos los medios que no salgan adelante temas trascendentales" y que el PP utiliza a sus cargos de confianza para "poner en chinas" en proyectos como el Campus Comillas, las energías renovables o la instalación del 'bunker' del Banco Santander en Marina de Cudeyo.
Reforma fiscal
Respecto a la reforma fiscal, explicó que pretende una redistribución de la carga fiscal que proteja a las personas con menos ingresos, además de fomentar el espíritu emprendedor o el apoyo a los jóvenes y el mundo rural, junto a tasas medioambientales. Así, dijo que su objetivo es garantizar las "tres sostenibilidades": económica, social y medioamiental, al basarse, respectivamente, en la eficiencia económica, la equidad y el respeto al medio ambiente.
Señaló que el cambio del modelo productivo que tiene como objetivo es algo que "no tiene que hacer el Gobierno", sino que corresponde a la iniciativa privada, que lo puede llevar a cabo utilizando las herramientas que se ponen a su disposición desde la Administración.
Según dijo, la reforma pretende la "redistribución" de la carga tributaria, de forma que se pueda reducir más "a los que más sufren" la crisis y realizar más carga sobre "los que más tienen".
Por su parte, los portavoces del PSOE y el PRC criticaron la actitud del PP. Así, Fernández Mañanes señaló que "si esta es la alternativa al actual Gobierno, pobre Cantabria", mientras Alodia Blanco afeó la "nueva" estrategia del PP basada en el "abandono" y apuntó que este partido "no tiene alternativa fiscal" o "no se pone de acuerdo", argumentado que la ponencia económica de los 'populares' en el último Congreso recibió 80 enmiendas.
"Desprecio al PP"
Por su parte, el PP, en una nota distribuida posteriormente, denunció que "una vez más se desprecia al grupo mayoritario del Parlamento" al no proporcionarle la documentación que ha solicitado y que es necesaria para poder ejercer la labor parlamentaria.
Recordó que "esta no es la primera vez" que desde el Gobierno "tratan de boicotear" la labor del PP en el Parlamento, citando un informe de la Fiscalía en el que se reconoce que "se está vulnerando" su derecho de información y participación en los asuntos públicos como representantes de la soberanía popular.
Para el PP, lo sucedido es "un ejemplo más de la particular forma de entender la democracia que tiene este Gobierno". "No entendemos que no acepten los diversos consensos que hemos planteado durante estos años, pero lo que ya es el colmo es que no trasladen un punto de este pleno al de la próxima semana cuando no nos han enviado la documentación necesaria, solicitada hace días", concluyeron.
Impuestos del Estado
Por otra parte, en un punto anterior, socialistas y regionalistas rechazaron una propuesta del PP, que, a través de la diputada Cristina Mazas, reclamó que no se subieran los impuestos del Estado a través de los Presupuestos Generales de 2010, que cifró en 161 millones extra y de los que criticó que no se traducirán en inversiones, por lo que la calificó de "despropósito".
Fernández Mañanes opinó que el PP trabaja con la "ecuación 'crisis-Moncloa", y la regionalista Eva Bartolomé subrayó que ni con "el mismísimo mago Merlín" como ministro de Hacienda los 'populares' podrían "cuadrar las cuentas" con un descenso de ingresos y aumento de prestaciones.
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