El Consejo Consultivo de Educación Superior ha convocado para mañana, miércoles, dos marchas en las ciudades de Quito y de Guayaquil para manifestar su oposición al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y que, aparentemente, goza ya de la mayoría de la Comisión de Educación de la Asamblea. La marcha concluirá en el Palacio de Gobierno para que se establezca el diálogo entre las autoridades universitarias y el presidente de la República.
Es lamentable que el problema haya llegado a esta situación. Pudo haberse evitado con una mayor flexibilidad por parte de los funcionarios de la Senplades y de los asambleístas de la Comisión de Educación del bloque oficial porque nadie discute los grandes objetivos a los que deben tender las universidades y que son planteados en los proyectos de ley tanto de la Senplades como del Conesup. El problema está en los "cómo", según señalaba agudamente un rector en un programa de televisión el domingo pasado.
¿Por qué ha faltado flexibilidad? Porque se pudo atender sin descuidar los objetivos de calidad y pertinencia, cobertura y transparencia, las observaciones de las universidades.
Respetables rectores y académicos han insistido en diferentes foros, incluidos los organizados por la Senplades, ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y ante la opinión pública, las razones por las cuales no se está de acuerdo con el proyecto. Pensar que todas las razones formuladas en contra de dicho proyecto obedecen al viejo espíritu de mantener un pasado corrupto es tomarse al pie de la letra al catecismo y repetirlo urbi et orbe.
Porque no se trata solamente de "vigilar y de castigar" según el conocido adagio foucaultiano, sino de impulsar alternativas y promocionar proyectos.
Todos tienen que contribuir a cambiar la universidad y no solamente uno de los sectores de la sociedad. La entidad encargada de la evaluación y de la acreditación tiene todo el poder de remediar entuertos académicos y de exigir también a la sociedad el rechazo de instituciones y funcionarios que han hecho de la academia una mercancía. Si ha habido actos de corrupción, por ejemplo, venta de títulos, serían tan culpables los que los entregaron como los que los compraron. No se necesita por tanto multiplicar controles, sino que el organismo encargado de la calidad académica cumpla, y para ello necesitarán políticas que integren a todos.
Querer controlar férreamente a las universidades y no preguntarse ni cuestionar a la sociedad y a los profesionales que ostentan los títulos mal habidos ni a la sociedad que prefiere el mínimo esfuerzo es repetir en otro escenario la crítica que se hace a los Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico: se castiga solo a los países productores pero no se toca ni a los consumidores de los países desarrollados ni a los paraísos fiscales. Y el consumo sigue creciendo.
Una ley, por bien intencionada que sea, si no cuenta con el consenso de los actores, pasará rápido al olvido
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