El acusado de la presunta estafa de la CPV asegura no haberse llevado dinero de sus clientes

El escrito del Ministerio Fiscal acusa a un total de seis personas, entre ellas dos hijos de Francisco G.M., por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ya que llegaron a recaudar 37,5 millones de euros de las familias, por los que el fiscal solicita penas de entre 4 y 16 años, lo que supone una suma de 72 años de prisión para los encausados.

Durante la vista oral, Francisco G.M. dijo que él dirigía la empresa "en todo momento" y que el objetivo de la misma era la creación de viviendas en los PAUs de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, a lo que añadió que "tras 26 operaciones de compra de terreno" obtuvieron cerca de "cien mil metros cuadrados de suelo" en el PAU de Sanchinarro, momento en el que la promotora contaba con mayor número de metros cuadrados para la construcción de viviendas.

Así, reconoció que este espacio daba la posibilidad de crear tan sólo "90 ó 100 viviendas", muy inferior al número de familias que habían pagado a la promotora para adquirir una casa. 

En este sentido, la defensa de Francisco G.M., Manuel Muñiz, indicó a la salida del juicio que de las cerca de dos mil personas afectadas, "se ha devuelto el dinero a 500", y alegó que no se ha podido devolver más "por que la empresa fue intervenida". De este modo, Muñiz aseguró con el dinero que se ha pagado a los síndicos y los bancos, "alrededor de 22 millones de euros", y con "otro tanto" que disponía la empresa, se "podría haber pagado prácticamente al cien por cien de los clientes si la empresa no hubiera sido intervenida".

En esta línea, Muñoz destacó que las viviendas no han sido construidas por "una mala gestión de la empresa" y por "la especulación que existió en Sanchinarro y en Las Tablas", descartando que los acusados se hayan llevado el dinero, por lo que pide al juez su libre absolución.

Francisco G.M., que a preguntas de varios abogados se acogió a su derecho a no declarar, afirmó que desde la CPV iban captando clientes al tiempo que buscaban suelo, hasta que llegó un momento en el que "las bajas de los clientes eran tan masivas" que tuvieron que empezar a vender el suelo que compraron para devolver el dinero a las familias.

El fiscal señala que los imputados "a pesar de ser conscientes de los compromisos adquiridos" con los clientes sólo destinaron tres de los 37,5 millones de euros recaudados a comprar terreno o a devolvérselo a los afectados, incorporando el resto del dinero a su patrimonio y a usos propios.

Francisco G.M. insistió en que él no tiene ninguna cuenta bancaria, aunque reconoció que el colegio de su hija se pagaba con dinero de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas como forma de compensación, ya que él "no tenía sueldo de la empresa".

Uno de los 30 letrados que ejerce la acusación particular de las familias y que representa a 300 afectados, Luis García Botella, apuntó que "tratarán de demostrar que existía un ánimo desde el principio no de construir viviendas sino de quedarse con el dinero", y que la operación fue "una huida hacia adelante haciéndole creer a todo el mundo que eran propietarios de terrenos y que podían construir cuando la realidad era bien distinta, hasta el punto de que compraban terrenos y los vendían para obtener importantes plusvalías cuyo destino no está claro ni se ha sabido nunca".

El proceso penal para depurar responsabilidades de los acusados corre en paralelo al procedimiento de quiebra iniciado en 2002, mediante el cual las familias estafadas lograron recuperar un 20 por ciento de sus inversiones, una media de 25.000 euros, sin intereses ni revalorizaciones y, las víctimas podrían recuperar ahora, antes del verano, otro 10, 20 ó 30 por ciento. "Se está gestionando la devolución de las cantidades en la medida de lo posible, aunque no van a recuperar el cien por cien", apuntó García Botella.

Los acusados estuvieron un mes y medio en prisión, desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre de 2002. Además, en enero de 2003, el Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano al frente, ofreció a los afectados que cumplieran los requisitos exigidos para solicitar una vivienda de protección oficial (VPO) la posibilidad de adquirir un suelo a precio tasado en el Ensanche de Vallecas. Se acogieron a esta opción unas doscientas familias para unas viviendas que "se están construyendo actualmente", dijo la presidenta de la asociación de afectados, Elena Barrionuevo.

La vista oral por la presunta estafa inmobiliaria de CPV se reanudará este miércoles a las 10:00 horas y está previsto que se celebre todos los martes y miércoles hasta el próximo 10 de julio.