El representante de la Justicia española en Irlanda del Norte,
Stephen Ritchie, efectuó esas declaraciones durante la última vista de este caso, celebrada en Belfast.
Después de escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, el juez
Thomas Burgess deberá decidir en las próximas semanas si ratifica su resolución del pasado 10 de marzo, cuando dio luz verde a la extradición de
De Juana.
Aunque estaba previsto que se pronunciase dentro de una o dos semanas, el proceso podría alargarse más si el magistrado, tal y como apuntó en sus comentarios finales, decide solicitar más información a las autoridades españolas para aclarar ciertos aspectos del caso.
En ese supuesto, Burgess pediría informes sobre el tiempo que pasaría en custodia De Juana si es extraditado, las condiciones de detención o el acceso a los servicios médicos adecuados para tratar un posible empeoramiento de sus enfermedades mentales.
Esa es una de las principales preocupaciones del abogado del ex etarra,
Edward Fitzgerald, quien asegura que "existe un alto riesgo" de que el estado de
"depresión y estrés postraumático" de su cliente empeore si regresa a España, por lo que no descarta comenzar una nueva huelga de hambre.
Su delicado estado de salud, dijo el letrado, es fruto de los malos tratos y de los largos periodos de aislamiento sufridos durante parte del tiempo que pasó en prisión por el asesinato de 25 personas.
Incluso si esas condiciones no se dan ahora, precisó Fitzgerald, el mero hecho de que "De Juana vuelva al lugar donde surgió su trauma" es suficiente para que exista "un alto riesgo de deterioro de su salud mental y, en consecuencia, un alto riesgo de muerte".
Ese argumento, apuntó Ritchie, "me suena a chantaje porque viene de la suposición de que (si es extraditado) sufrirá un tratamiento inhumano".
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