Los medios en crisis: tras la huelga de Efe, caos en Servimedia

La asociación sindical AGP-UGT ha denunciado que la ONCE, propietaria de la Agencia de Noticias Servimedia, trata de "aniquilar" la representación sindical con una labor de "purga", supuestamente iniciada hace años, con dos nuevos despidos: el de una trabajadora, Marisol Castro, (19 años en la empresa), miembro de la Comisión Ejecutiva de la AGP-UGT Madrid, y el  miembro de la Sección Sindical del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Julio García (17 años en la empresa).

    En plena negociación de un Convenio Colectivo, bloqueado desde 2005, y con una posición por parte del SPM y de la UGT manifiestamente contraria a firmar un acuerdo que “a última hora” no garantiza la estabilidad en el empleo -a pesar de que la ONCE adquirió un compromiso inicial que garantizaba los puestos de trabajo-, Servimedia, los sindicatos denuncian que se está repitiendo el esquema que aplicado en todas las negociaciones “a golpe de talonario”.

    La supuesta “purga” de la ONCE comenzó su andadura a principios de los años 90, con el despido de Marisol Castro, la que fuera la primera delegada de personal que tuvo Servimedia, y que se presentó en las listas de la UGT. Fue despedida y desprestigiada por la empresa, que tuvo que readmitirla por orden judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de apelación de la empresa, consideró la maniobra de la empresa “despido nulo” por motivos sindicales.

    A continuación, fue la delegada sindical de CCOO en Servimedia la que sufrió el envite de la organización social ONCE. El despido, que podía llegar a nulo, se saldó “a golpe de talonario” porque la afectada prefirió abandonar la empresa.

    La negociación del siguiente Convenio Colectivo abrió de nuevo el melón de la “persecución sindical”, nuevas caras en la Dirección de Servimedia pero el mismo patrón, la ONCE a través de su Fundación.

    El chivo expiatorio en aquella ocasión había sido delegado de personal y era afiliado al SPM. Su intervención en una Asamblea de Trabajadores en la que se debatía sobre la negociación colectiva y su clara oposición a las tesis empresariales le condujeron “a la calle”. Los tribunales volvieron a constatar que existió “persecución sindical”. El periodista volvió a Servimedia con una sentencia por “despido nulo”.

    No tardaron en llegar otros dos despidos sonados de periodistas, ex delegados de personal y miembros de la Sección Sindical del SPM en Servimedia.  

    En aquella ocasión, los “fulminados” coincidieron con un conflicto colectivo, provocado por la negativa de su sindicato y el apoyo de UGT a firmar el Convenio Colectivo que consideraron discriminatorio y cercano a la  inconstitucionalidad.

    La demanda de despido de ambos redactores llegó hasta los tribunales, luchaban por un “despido nulo”, pero en el último momento “in extremis” la ONCE puso encima de la mesa “un talón de varias cifras” y zanjó una nueva “humillación” por “persecución sindical”.

    La firma de un nuevo Convenio Colectivo en ciernes y una oposición manifiesta de UGT y el SPM a la firma del documento en el que la empresa se negaba a garantizar los puestos de trabajo ha destapado de nuevo la “caja de los truenos”. Cinco días después de una “dura” y “crítica” Asamblea de Trabajadores, en los que los ahora despedidos manifestaron su oposición a la firma del Convenio, la Fundación ONCE los manda a su casa, alegando problemas económicos.

"Supuesta labor social de la ONCE"

    Gran parte de la política social del Gobierno del Estado gravita en torno a la ONCE y sus organizaciones satélites que lideran una “supuesta” labor social con el colectivo de discapacitados. La Fundación ONCE, dueña de Servimedia, y su patrón la ONCE recibe subvenciones millonarias del Gobierno central y los gobiernos autonómicos, así como de la Unión Europea.

    Piden solidaridad a la sociedad y a los agentes sociales (sindicatos y patronal) para que apoyen su labor social y continúen recibiendo “suculentas ayudas”, pero no respetan los derechos fundamentales y constitucionales de los trabajadores, les persiguen “sindicalmente” y tratan de eliminar cualquier intento “díscolo” entre sus empleados.

    No sólo por eso están los empresarios de la ONCE haciendo “tambalear” los cimientos del Estado democrático y constitucional, según los sindicatos, sino que además se “cargan” a dos periodistas de prestigio, premiados y con experiencia. Es el caso de Marisol Castro de la AGP-UGT, miembro además de la directiva de Reporteros sin Fronteras, que ha defendido siempre la libertad de expresión, la libertad de prensa y la dignidad profesional, como garante de uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos “el derecho a la información”.