No es fácil establecer los costos totales para el país de los casi dos meses y medio de racionamientos eléctricos. El presidente Correa señaló el pasado jueves que los apagones habrían dejado $250 millones de pérdidas en el sector productivo. No obstante, la ministra Coordinadora de la Producción, Natalie Cely, aseguró un mes atrás que el perjuicio es de $250 millones, aunque en enero llegaría a $500 millones. Los empresarios señalan pérdidas por más de $1 000 millones.
A esos perjuicios, se suman otros, imposibles de cuantificar con exactitud por interrupciones, dilación y retrasos de labores habituales de miles de ciudadanos, microempresarios, responsables de emprendimientos y negocios familiares, artesanos, etc.
En el rubro de gastos públicos por la emergencia, se registra una abultada planilla, según puso de ayer relieve la investigación de BLANCO Y NEGRO en este Diario: solo el contrato para adquirir siete unidades de generación termoeléctrica TM 2500, compradas a la General Electric, ascendió a $151,9 millones. No se conocen aún los detalles ni los fundamentos técnicos de esa negociación. Las siete unidades cuentan con una capacidad máxima de generación de 159,6 megavatios. El costo es menor solo en $27 millones a la suma que se había presupuestado en el Plan de Electrificación 2007-2016 para generación térmica por 300 megavatios.
En realidad, los costos para dar respuestas a una situación de emergencia suelen ser mayores
que los que se realizan con adquisiciones hechas sin la premura de la emergencia.
La negligencia pasa una costosa factura: ¿por qué no se cumplió el Plan de Electrificación? ¿Por qué no se hizo con la debida antelación aquello que ha terminado por ejecutarse bajo la presión de los apagones?
Lo más grave es que nadie asume las responsabilidades por la costosa factura de los apagones.
Si (
No(
