La Asamblea Nacional ecuatoriana (ex Parlamento) aprobó una ley que otorga inmunidad y protección a los miembros de la Comisión de la Verdad, integrada por el Gobierno para investigar supuestas violaciones a los derechos humanos en administraciones anteriores.
Con 71 votos a favor, de 116, el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el cuerpo legal que había sido pedido por los miembros de la Comisión, que reclamaban inmunidad tras el estudio de documentos reservados cuyas conclusiones pueden dar lugar a "una reacción bastante violenta", señaló en días pasados su presidenta, Elsie Monge.
Dicha petición de la Comisión a la Asamblea Nacional también responde a un dictado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, que dispone que garanticen su imparcialidad e independencia, para lo cual hay que asegurar su inmunidad.
La nueva ley contempla que los miembros de la Comisión "no serán responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación y gozarán de inmunidad civil y penal exclusivamente por las conclusiones, recomendaciones, análisis y desvelamiento de las circunstancias constantes en su informe final", recoge la Asamblea en su portal de internet.
El proyecto determina que se podrá mantener en absoluta reserva la información que haya logrado documentar, así como la identidad de sus testigos y colaboradores, hasta que sean puestos a consideración de las autoridades judiciales pertinentes.
Pese a su aprobación en el debate legislativo, se han levantado voces críticas que apuntan a que la impunidad debe utilizarse solamente en casos excepcionales, determinados en la Constitución, y que el Legislativo no tiene facultad para otorgarla.
La Comisión de la Verdad fue creada por el Gobierno del presidente Rafael Correa para investigar supuestas violaciones a los derechos humanos, crímenes de Estado, desapariciones y abusos de poder en los Gobiernos de las tres últimas décadas, especialmente en el de León Febres Cordero (1984-1988).
Se espera que en el informe final la Comisión haga el recuento de delitos como ejecuciones extrajudiciales, homicidios y muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas a manos de la fuerza pública.
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