La máxima autoridad del TSJ, explicó que las sanciones administrativas y penales que limitan a los aspirantes a medirse en las próximas elecciones parlamentarias, señaló que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de acatar la inhabilitación que establece la contraloría para evitar que cualquier persona, sobre quien pese sospecha de un ilícito administrativo, continúe ejerciendo la función.
Argumentan que la decisión no tiene apoyo legal y aseguran está basada en generalizaciones, sostienen que los condenados, pueden ser candidatos, porque el código orgánico procesal penal así se los permite.
Explicaron que la figura de sentencia firme, sólo existe cuando ya se han agotado todos
los recursos legales que otorga la Constitución para garantizar el derecho a la defensa y eso, subrayan, no se aplica a ninguno de los casos ya que las sentencias que existen se corresponden con la primera instancia.
Insisten en que la Constitución no impide que una persona pueda postularse ante el CNE, pues el ente comicial y su reglamento, únicamente lo prohíbe cuando existe sentencia firme.
La posición de los presos políticos fue suscrita por Leocenis García, Gustavo Azocar, Richard Blanco, Lázaro Forero, Henry Vivas, Ivan Simonovis, Otto Guebauer y José Sanchez Mazuco.
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