El Gobierno quiere centrarse en insertar de nuevo a la Generación Ni-Ni en el empleo

La negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas. El Gobierno considera susceptible de bonificar en la contratación a los jóvenes de 16 a 30 años "con especiales problemas de empleabilidad" uno de los colectivos prioriatarios en los que concentrarse.

Para sacar del desempleo a alrededor de 600.000 jóvenes con nivel educativo bajo, se modificará el contrato de formación ya que no hay capacidad para el reciclaje, sino que "urge la inserción". Este contrato exige formación por parte de la empresa, por lo que Gobierno, patronales y sindicatos están dispuestos a que la enseñanza profesional corra a cargo del sistema público de empleo en los centros de trabajo con plantillas inferiores a 10 personas. Otros cambios consistirían en ampliar el límite de edad para su utilización más allá de los 21 años y dotarlo de protección de paro. El contrato de prácticas, también destinado a los jóvenes pero con título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, experimentará un mayor control.

El Ejecutivo también baraja un programa extraordinario de empleo, preferentemente dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años, que carezcan de cualificación inferior a ESO o profesional. Se propone instrumentalizarlo mediante convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, con fórmulas de cofinanciación entre ambas adminsitraciones.

La mesa de negociación busca acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre de 2006 con resultados muy positivos.

El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchará a esos beneficios y se universalizara su aplicación. Hasta el momento está prohibido para los varones mayores de 30 años de edad y menores de 45. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato que el indefinido ordinario. El coste es de 33 días por año de antigüedad, con un máximo de 24 mensualidades.

El Ministerio de Trabajo ha suspendido la reunión del diálogo social prevista para este lunes con los representantes de la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT en la que se debía abordar la reforma laboral, por "problemas de agenda", según informan fuentes sindicales.

Qué dice la CEOE
La patronal por su parte, se mantiene inamovible y pide más flexibilidad y menos costes laborales a través de medidas difícilmente digeribles para los sindicatos e incluso para el Gobierno, que quiere evitar una huelga general a toda costa. El presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, Santiago Herrero, presentó a la Junta Directiva de la patronal un informe sobre el estado del diálogo social en el que mencionaba cuáles son los objetivos empresariales en la negociación sobre la reforma laboral.

Entre ellos, los más importantes son los de hacer más efectiva la contratación indefinida sin castigar la temporal, mejorar la flexibilidad interna en el seno de las empresas, reducir costes laborales para crear más empleo, mejorar la contratación de jóvenes con "fórmulas imaginativas" a negociar en el diálogo social y luchar contra el absentismo laboral.

Para la CEOE, el último documento del Gobierno, además de "ambiguo", calificación que también han realizado los sindicatos, resulta "insuficiente", pues medidas necesarias defendidas por su organización "no están incluidas o debidamente reflejadas" en él, entre ellas la rebaja de cotizaciones sociales "hasta su equiparación con la media europea".