Interior alertó ya en 2008 de que Al Qaeda planeaba secuestrar a españoles

El Ministerio del Interior, en virtud de los informes remitidos por los servicios de Información, ya preveía en noviembre de 2008 la posibilidad -más que real, según el Plan estratégico hasta 2012 al que hemos tenido acceso- de que turistas, comerciantes o cooperantes españoles fueran secuestrados en el Magreb o en el África Subsahariana por efectivos islamistas vinculados a la red Al-Qaeda. Así, el secuestro de tres cooperantes en Mauritania el pasado 29 de noviembre - Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez- cuando participaban en la Caravana Solidaria de la ONG Barcelona Acció Solidaria, no cogió en absoluto por sorpresa al Ministerio del Interior.

    Según el Plan Estratégico de la Policía y de la Guardia Civil para el periodo 2009-2012 al que Diariocrítico ha tenido acceso, los escenarios judicial y penitenciario que siguen en España contra el islamismo radical " pueden dar lugar a un aumento del riesgo de sufrir ataques o actos de represalia (como secuestros de españoles en países extranjeros para su intercambio por presos) por las sentencias dictadas en España o para impedir extradiciones".

En ese sentido, el Plan, de 173 páginas, analiza que en la esfera judicial "hay que señalar la importancia de las sentencias dictadas en los últimos años relacionados con actividades del terrorismo islamista, destacando la emitida el pasado 31 de Octubre de 2007 por los atentados acaecidos el 11 de Marzo de 2004 en Madrid, cuyo fallo contempla penas para la mayoría de los procesados".

    En el ámbito penitenciario, el Plan señala que la población reclusa en España relacionada con el terrorismo islamista se ha visto incrementada notablemente en los últimos años, detectándose distintos procesos de radicalización entre los internos musulmanes, bajo el lema de la Jihad Global; "fenómeno que pudiera incrementarse por el no retorno de ciudadanos subsaharianos a sus países de origen debido a los condicionantes político-económicos existentes en ellos, y que la red Al-Queda podría aprovechar para incrementar sus demandas sobre Al Andalus a través de una filial regional". Una 'filial' que en este caso se trata de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es la que llevó a cabo los secuestros de los cooperantes Vilalta, Pasqual y Gámez.

    Es en ese punto donde el Plan Estratégico insiste que "ambos escenarios, judicial y penitenciario, pueden dar lugar a un aumento del riesgo de sufrir ataques o actos de represalia (como secuestros de españoles en países extranjeros para su intercambio por presos) por las sentencias dictadas en España o para impedir extradiciones".

Terroristas de 'segunda generación'



El Plan Estratégico cataloga al terrorismo islámico como uno de los grandes problemas que puede tener España, más allá, incluso, del terrorismo de ETA. En ese sentido, realiza una especial mención a los "crecientes fenómenos" de radicalización y reclutamiento terrorista islamista y del “home-grown” -terroristas islamistas nacidos y residentes en el país donde realizan sus acciones-, el conocido como terrorismo de segunda generación.

    Dice el plan: "Hay que destacar que la población 'islámica' ha crecido un 90 % en los últimos cuatro años en España, es decir, prácticamente se ha duplicado, circunstancia que previsiblemente continuará acentuándose en un futuro inmediato", lo que acrecienta el riesgo de un posible reclutamiento de efectivos entre los jóvenes musulmanes nacidos o criados en España. 

Los pagos para la repatriación



En ese punto, y respecto a la inmigración ilegal, el Plan Estratégico reconoce el creciente flujo de inmigrantes, aunque no sólo en España, y establece medidas para controlar las fronteras y especialmente para impulsar la política de repatriaciones. Es aquí donde Interior reconoce explícitamente que para que las autoridades de los países subsaharianos acepten el retorno de sus nacionales en situación irregular en España hay que pagarles dinero.

    "Las contrapartidas financieras que exige la negociación de acuerdos de readmisión pueden ralentizar la firma de estos convenios al forzar la crisis económica a reducir las ayudas internacionales", dice explícitamente el informe, que añade: "En consecuencia, puede crecer la presión de algunos países de origen (especialmente los africanos) a través de la interposición de trabas en el reconocimiento de sus nacionales en los procesos de documentación para repatriación".