La presidencia española de la UE se ha empleado a fondo en la preparación de esta cita, que quiere aprovechar para situar a América Latina y el Caribe "en el corazón de Europa", según ha subrayado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El Gobierno español confía en que en torno a la cumbre se puedan firmar o relanzar varias negociaciones comerciales que la UE negocia desde hace años con algunos bloques de países. También está previsto aprobar un fondo de carácter concesional de 110 millones de euros con cargo al presupuesto comunitario destinado principalmente a financiar infraestructuras al otro lado del Atlántico.
España da por hecha la firma del acuerdo de asociación entre la UE y Centroamérica, aunque sus últimos flecos se seguían negociando estos días, como la llamada cláusula transversal que permitiría a la UE suspender el acuerdo en caso de violación de derechos humanos o interrupción de la normalidad institucional o gobernabilidad en alguno de los países firmantes. Aún se negocia en qué condiciones se aplicaría y qué límites tendría.
Sin embargo, son las cuestiones agrícolas en el capítulo comercial las que presentan mayores dificultades, en concreto la apertura del mercado centroamericano a algunos productos lácteos, textiles y las llamadas indicaciones geográficas. Todos estos puntos deberán estar despejados para el miércoles, cuando se celebre la cumbre entre la UE y Centroamérica.
El Ejecutivo español cuenta también con que se firmen sendos acuerdos comerciales entre la UE con Perú y Colombia, mientras espera que los Veintisiete ratifiquen la voluntad ya expresada por la Comisión Europea para reabrir las negociaciones con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) que llevan suspendidas desde 2004 y establecer una hoja de ruta de cara para la conclusión definitiva del acuerdo, a pesar de que Francia y otros siete países --Irlanda, Grecia, Hungría, Austria, Luxemburgo, Polonia y Finlandia--, han advertido de que el acuerdo podría perjudicar a la agricultura europea.
Desde La Moncloa se ve "lógico" que estos países expresen "sus posiciones sobre los temas que les preocupan", en palabras de De la Vega, quien subrayó que será la negociación la que permita abordar esos temas. La Comisión Europa estima que el acuerdo con Mercosur supondría para los Veintisiete un beneficio anual de 4.500 millones de euros en forma de aumento de las exportaciones.
La Cumbre de la UE con Mercosur se celebrará el día 17. Como en la cita con Centroamérica y otros encuentros subregionales, la UE estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy; de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y por el presidente de turno del Consejo de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero.
La salida de la crisis económica y la construcción de una nueva arquitectura, la lucha contra el cambio climático y la reconstrucción de Haití centrarán los temas de debate que abordarán los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños en el encuentro central que celebrarán el martes en el recinto ferial IFEMA.
La situación de Honduras y las diferentes posiciones entre aquellos países que han reconocido al Gobierno de Porfirio Lobo y los que se resisten a ello no figura en la agenda del encuentro, aunque los presidentes son libres de sacar a colación cualquier asunto.
Una decena de países sudamericanos, liderados por Brasil, amenazaron a primeros de mayo con no viajar a Madrid si Lobo participaba en la cumbre UE, América Latina y Caribe. El presidente hondureño decidió finalmente renunciar a asistir a esta cita en un gesto hacia España, anfitrión y organizador del encuentro, aunque sí estará presente un día después en la cumbre con Centroamérica.
España, que ha normalizado las relaciones con Honduras, cree que Lobo ha dado "pasos" en la buena dirección, como con la constitución de la Comisión de la Verdad que investigará los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio, si bien insiste en la necesidad de que el depuesto presidente Manuel Zelaya pueda regresar al país con la garantía de que le dejarán ejercer sus derechos ciudadanos sin cortapisas.
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