lunes 07 de junio de 2010, 23:36h
Hace 32 meses, con un DS nacía Papeles de Bolivia (Papelbol), empresa considerada como estratégica. Debía estar en funcionamiento en Cochabamba en un plazo de 14 meses, es decir en marzo del año pasado y, aunque no se conoce un estudio de factibilidad, se suponía que utilizaría básicamente materia prima nacional. El plazo se ha cumplido y el uso de materia prima nacional es incierto. El decreto autorizó el desembolso por parte del Estado de 162.393.000 bolivianos (poco más de 20 millones de dólares) que, en verdad, es dinero de todos. Pero el 2 de mayo pasado, una empresa bajo el nombre de Papelbol, Empresa Pública Nacional Estratégica, publicó un aviso en El Deber requiriendo propuestas de empresas nacionales e internacionales para suministrarle materia prima: fibra virgen, fibra reciclada (papel reciclado blanco de primera y de segunda, cartón reciclado) e insumos químicos. Las propuestas debían ser presentadas hasta el 6 de mayo. Se desconoce si las hubo y si fueron satisfactorias. Llama la atención que más de un año después del plazo en que la obra debía estar funcionando a todo vapor, con materia prima nacional, sus operaciones industriales son aún desconocidas.
Uno de los problemas bolivianos más agudos es la mediocridad (término frecuentemente generoso) en la gestión administrativa. Es un problema relacionado con la educación y la capacitación, y viene de mucho tiempo, es cierto. Pero no se nota que haya esfuerzos en la escala requerida para siquiera paliarlo. Es el caso de los hidrocarburos, industria que genera gran parte del sueldo de todos los bolivianos. No se conoce de aumentos significativos en la producción de gas o de petróleo, pero sí de la disminución lenta e inexorable, respecto de los volúmenes de hace cinco años. Un ingeniero petrolero me decía que Bolivia empezó a importar diésel en 1992, con 64,5 millones de litros. La proyección que él hace para este año es de 780 millones de litros. Comenzamos con un equivalente a 1.127 barriles diarios cuando empezó a faltarnos ese combustible para llegar ahora a más o menos unos 13.000 barriles diarios. Por cada barril que importábamos entonces, importamos hoy 11 y medio barriles. Y eso representa un gasto de aproximadamente un dólar por litro, pero como lo vendemos a precio subsidiado, lo que realmente le costará al Estado esta importación en 2010 serán casi 400 millones de dólares. El horizonte no es nada halagador. Gran parte de ese diésel viene de Venezuela y, con los aprietos económicos de ese país, nadie asegura que los suministros continuarán en los niveles que requiere Bolivia. Pues ocurre que no se conoce cuánto se debe por estas importaciones ni tampoco ha sido hecho público algún contrato regulador de ese comercio.
El Gobierno conoce la sensibilidad de los carburantes en toda economía. Por eso hace todo lo posible por no tocarlos. Cuando en años pasados alguien lo intentó, tuvo que dar una acelerada marcha atrás. Pero el camino seguido, con subsidios y declinante producción (deberíamos estar produciendo 67 millones de m3 de gas natural, pero producimos sólo entre 37 mm3 y 41 mm3), equivale a querer pasar la cuesta empujado la pelota con la barriga el tiempo todo, dirían los brasileños.
Con una agenda política intensa, el Gobierno ha logrado disminuir la atención nacional sobre asuntos vitales. Pero eso no significa que la estrategia funcionará indefinidamente. Los recientes reclamos de los transportistas por aumento de tarifas equivalen al grito: ¡Viene el lobo!
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Periodista