Persecución a la oposición: ¿mito o realidad?

Pero más allá de centrar la atención en el caso específico de Córdoba, lo realmente interesante es que esta situación trae a colación el debate sobre lo que significa pensar distinto a las tendencias oficiales, ser y hacer oposición  en Colombia, y las garantías que ello requiere, por pertenecer a una democracia y a un Estado de Derecho.

En este sentido, alrededor del caso de Córdoba, el país está polarizado: aquellos que realmente creen en la existencia de unos nexos y lazos entre la congresista y las FARC, y en esa medida consideran que la Procuraduría tomó la mejor de las decisiones.

Sin embargo, por el otro lado se encuentran algunos sectores del Legislativo, como el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Verde, quienes a pesar de manifestar su respeto por las decisiones legales, observan con desconfianza las intenciones reales que motivaron el proceso contra Córdoba y los avances del mismo, pues lo asocian con lo que podría significar un caso de persecución política, como la propia Piedad lo ha denunciado.

El PDA, por ejemplo, consensuó y entregó una constancia o declaración de apoyo a Córdoba, para quien pidió "todas las garantías del debido proceso con la seguridad de que ella demostrará su inocencia". "Sin embargo, más allá de las formalidades y los procedimientos legales, manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que el derecho a disentir y a hacer oposición siga siendo atropellado en Colombia", añadió la bancada del PDA.

En el mismo sentido se manifestó el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB Colombia), con sede en la ciudad fronteriza de Cúcuta, cuyo líder, David Corredor, hizo un llamado a la comunidad internacional, para que entienda y vea que en Colombia no hay libertad integral y que la democracia es limitada.

"Lo que le hacen injustamente a Piedad Córdoba es una advertencia a los que hacemos política y no estamos alineados con el régimen", consideró Corredor, y advirtió: "Corremos el riesgo de ser judicializados, perseguidos y, en el peor de los casos, desaparecidos o muertos".

Sin embargo, éste es un debate que por ahira no se resolverá, no con tantas situaciones de por medio, y que en algún punto deberá asumirse como un verdadero problema político.