En plena época de restricciones por la crisis, cuando el paro se dispara, cuando tantas familias sufren estrecheces, cuando se han reducido los sueldos públicos, cuando se han congelado las pensiones, cuando la Generalitat anuncia la emisión de bonos, salta la noticia de que la subvención electoral a los partidos se aumentará en un 9,2%. O sea que los seis partidos catalanes con representación parlamentaria recibirán 11,6 millones de euros, dos millones más que en 2006, para pagarse la campaña electoral de las elecciones autonómicas convocadas para el 28-N. Aunque, eso sí, fuentes gubernamentales aseguran que no se trata de un aumento de las subvenciones sino de una adaptación a la subida del IPC.
Y por si eso fuera poco, además de las subvenciones a partidos y coaliciones, al presupuesto se añade una partida de 1,2 millones de euros para tres campañas publicitarias institucionales, las de promoción del voto por correo y el censo electoral, y una nueva campaña para promover la participación.
De modo que ahora resulta que los hastiados ciudadanos han de pagar los platos rotos de la desafección que se ha granjeado a pulso la clase política que ha desdeñado adoptar una nueva ley electoral, lo único que podría alentar la participación, evitando la abstención.
En esta ocasión en que tendría que hacerse gala de la mayor austeridad, valga la más firme repulsa a tamaño desafuero.
Si (
No(
