Ante la obsesión de algunos por las multas de la Generalitat por rotular no rotular en catalán cabe oponer otra realidad: también lo hace por no etiquetar en castellano. Pero de esto, esas voces interesadas no se acuerdan.
Y lo hace a través de la Agencia Catalana de Consumo, que el año pasado abrió 94 expedientes sancionadores a establecimientos por no vender productos etiquetados en la lengua de Cervantes. Las sanciones se deben al hecho de que, con la proliferación de establecimientos que venden productos de origen extranjero, las etiquetas de éstos no incluyen el castellano.
Y es que, al parecer, existen en España más de medio millar de normas, leyes y decretos que obligan a usar el castellano. Pero con esto nadie se mete.