Razón de Estado

Ni la letra de la Ley ni la Ley en sí misma limita o elimina la libertad de expresión. Esta corroboración se hace en razón de una intensa campaña comunicacional promovida por entidades gubernamentales. Argumento que ha sido utilizado también por comunicadores sociales simpatizantes del partido de Gobierno o vinculados con medios de comunicación oficiales para descalificar la posición asumida por gremios de periodistas en todo el territorio.

La precisión que debe hacerse es la siguiente: quienes limitan y ponen en riesgo la libertad de expresión son los administradores de Justicia del Estado Plurinacional, los cuales, interpretando la norma discrecionalmente y —lo más lamentable— subordinados a criterios políticos, imponen aquello que desde el poder consideran justo y necesario. Por tanto, los periodistas y medios de comunicación se hallan bajo la amenaza tanto de la letra de la Ley injusta como de jueces y autoridades injustas, de procesos y tribunales parcializados con designios políticos.

En tiempos relativamente recientes, en la década de los 60, 70 y principios de los 80 del siglo XX, cuando en América Latina imperaban gobiernos autoritarios y no electivos (por supuesto, tampoco funcionaban los parlamentos, los partidos políticos estaban proscritos y a veces existían sindicatos oficialistas), imperaban también ideas autoritarias, en sentido de que el Estado tiene razones superiores, justificadas en el supuesto bienestar de las mayorías, en desmedro de las minorías (étnicas, género y generacionales). Ese Estado no democrático y de carácter autoritario (por supuesto sin la existencia de medios de comunicación libres y plurales) estaba dispuesto a pasar por los paredones, el exilio o los campos de concentración a los individuos y a sus derechos ciudadanos, bajo la tristemente célebre doctrina de la razón de Estado.

La razón de Estado no es un invento de las ilustradas mentes del s. XX o XXI, sino que es un resabio de las monarquías y sobre todo de los gobiernos absolutos, los cuales imperaron en Europa durante el s. XVIII y XIX. La razón de Estado no tiene ideología, por tanto no es de derecha o de izquierda, es propia de gobernantes que quieren conservar el poder del Estado por encima de cualquier interés particular. El interés del Estado lo es todo y el Estado son los gobernantes que administran el Estado.

Los argumentos que desarrollan los modernos intelectuales de la razón de Estado se hallan íntimamente vinculados con la unidad en torno a la voluntad estatal, el partido único, a los medios de comunicación estatales y el pensamiento único, el cual es excluyente de toda forma de pluralidad, crítica y disidencia.

La razón de Estado a veces se sustenta en la Ley, en la mayor parte de los casos se apoya sólo en la voluntad del gobernante. Un monarca francés acuñó el concepto que ilustra la mentalidad autoritaria y el Estado absoluto: el “Estado soy yo”.

En el siglo XXI, en los Estados donde surgen autoridades mediante el sufragio, funcionan los parlamentos, los partidos políticos y existe diversidad de medios de comunicación, libres y plurales, la razón de Estado se halla sujeta a los controles de la opinión pública. Por todo ello, es tan importante la libertad de expresión, leyes justas, jueces imparciales y la garantía de juicios justos, sustentados en la vigencia de derechos ciudadanos que están por encima de la razón de Estado.

Politólogo y catedrático

Carlos Cordero Carrafa