Nieto y Porras afrontarán un proceso judicial, por lo que podrían ir a prisión hasta por 30 años, por dirigir e incitar a los comerciantes a permanecer ilegalmente con niños y armas de fuego en dicho centro de abastos y evitar ser desalojados por la Policía Nacional.
Asimismo, han sido denunciados Aymela Castro Caro (vicepresidenta), Juan Gálvez Chocano (secretario), Mario Méndez Cáceres (secretario de actas), Calixta Ticona Mamani (secretaria de economía), María Quispe Peralta (relaciones públicas) y Clifor Santos Erazo, para quienes también se pide la detención preventiva.
Todos estos dirigentes han sido denunciados por los delitos de secuestro, tenencia ilegal de armas de fuego, delito contra la tranquilidad pública en las modalidades de peligro común y la paz pública, asociación ilícita para delinquir, violencia y resistencia a la autoridad y exposición al peligro de menores, siendo la pena máxima de 30 años.
Desalojados ocupan parque
El panorama en el Parque N° 3 de la urbanización El Sol de Ate era desolador. Decenas de niños, ancianos y mujeres embarazadas dormían a la intemperie, algunos sin abrigo ni frazadas para protegerse del frío y de la humedad.
Esta escena puso en evidencia que un considerable número de ex ocupantes del mercado de Santa Anita fue estafado por los dirigentes no solo con el cuento del puesto de venta propio, sino también con la promesa de la casa soñada, ocultándoles que se trataba de una propiedad perteneciente a la Municipalidad de Lima.