El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, afirmó que los ayuntamientos andaluces están sometidos a un manual de supervivencia, al mismo tiempo que indicó que el PP se va a encontrar en los próximos meses con una responsabilidad municipal de cara al futuro "como nunca ha tenido en la historia".
Durante su intervención, en la que estuvo acompañado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, añadió que desde el año 77 el Partido Popular es el que ha concentrado más nivel de responsabilidad municipal en la democracia en España y apuntó que según los datos el PP va a crecer en todas las capitales de Andalucía en número de concejales. Además, auguró que en ninguna capital de nuestra comunidad los populares van a estar por debajo de "uno o dos" concejales en relación a la mayoría absoluta.
"Nuestro reto son las diputaciones provinciales. Vamos a por las ocho diputaciones y nos lo va a confirmar el estudio de intención de voto en Andalucía. Nuestra gran asignatura pendiente son los municipios del interior", concluyó.
Arenas dió a conocer la declaración del Comité de Alcaldes de Andalucía en cuyo texto se recoge:
DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE ALCALDES DE ANDALUCÍA
Los ayuntamientos andaluces, en situaciones reales de emergencia financiera, tenían la esperanza de que los presupuestos de la Junta de Andalucia para 2011 reflejaran la actual situación de asfixia económica de los consistorios.
Los regidores municipales saben que cuando se agravan los problemas de los ciudadanos, deben tener función especial, pero actualmente están teniendo serios problemas para hacer frente a las obligaciones contraídas con sus vecinos.
Con la crisis económica como telón de fondo, las arcas municipales han visto reducida su recaudación por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), las licencias de primera ocupación, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las plusvalías e incluso se ha reducido lo recaudado por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al descender las matriculaciones.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha elaborado para 2011 unos presupuestos continuistas que no tienen en cuenta la situación de crisis por la que atravesamos.
Asimismo, el Presidente del Gobierno ha despreciado las legítimas demandas de suficiencia financiera de los Entes Locales derivadas de la ausencia de la reforma del modelo de financiación local, incumpliendo con ello sus compromisos y los mandatos del Parlamento.
El Gobierno de la Nación pretende con los próximos Presupuestos Generales del Estado asfixiar a los Gobiernos Locales aún más, derogando las líneas ICO de apoyo a la financiación de los ayuntamientos prevista en la Disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio de Morosidad y estableciendo limitaciones arbitrarias al endeudamiento.
Su único objetivo es perjudicar a las Entidades Locales gobernadas por el PP, y poner el foco de las restricciones para el control del endeudamiento en los Gobiernos Locales, que aunque, como todos, han de hacer un esfuerzo de austeridad, no es justo que se les haga únicos responsables de la política económica de un gobierno que cuando ya arreciaba la crisis se dedicó a despilfarrar y a engañar a los españoles.
Ante la grave situación que están soportando los Ayuntamientos y Diputaciones, el Partido Popular exige al Sr. Rodríguez Zapatero el cumplimiento de los compromisos del Gobierno y los acuerdos del Congreso y del Senado en relación con la reforma la Ley Básica de Gobierno y Administración Local y su financiación.
Asimismo, es imprescindible la adopción de medidas transitorias que palien las graves dificultadas económico-financieras por las que están atravesando las Entidades Locales, con objeto de facilitar el normal funcionamiento de las Corporaciones locales y evitar que se vean obligados a dejar de prestar servicios básicos.
Por todo ello los alcaldes del Partido Popular de Andalucía adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Solicitar al Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la celebración de una Asamblea Extraordinaria de la FAMP, en el mes de enero, que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que puedan los Entes Locales garantizar a los ciudadanos los servicios que necesitan en condiciones de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso político e institucional que corresponde a los Entes Locales como administración más cercana.
SEGUNDO: Exigir al Gobierno de la Nación que articule urgentemente las siguientes medidas:
A. Instrumentar, de forma real y efectiva, una Línea de Crédito ICO a favor de los Ayuntamientos para que éstos puedan hacer frente al pago de las obligaciones contraídas.
B. Aplazar las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación correspondientes a las liquidaciones de la Participación en los Ingresos del Estado.
C. Flexibilizar su capacidad de endeudamiento, corrigiendo la discutible e ideológica arbitrariedad contemplada en el proyecto de presupuestos, y que, excepcionalmente para 2011, pueda destinarse el mismo a inversiones y gasto corriente.
D. Autorizar a los Ayuntamientos a refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio, de forma que el stock de deuda del Ayuntamiento no se vea alterado.
E. Dotar de una mayor liquidez a las EE.LL, incrementando el porcentaje de las entregas a cuenta, por el sistema de financiación, del 95 al 98 por ciento, en línea con lo previsto para las CC.AA.
F. Mejorar la financiación de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, incrementando el Fondo especial de financiación para municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y dotando adecuadamente el Fondo especial de financiación para garantizar una participación en tributos del estado de 165 euros/habitante.
G. Modernizar y actualizar el papel de las Diputaciones Provinciales e Incrementar los Planes de Cooperación de las Diputaciones para alcanzar los niveles de inversión del ejercicio de 2009, con la finalidad de mantener su capacidad inversora en las obras que destinan a servicios obligatorios básicos de los pequeños municipios y a la mejora de la red viaria.