El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha cifrado en 1.000 millones de pesetas -seis millones de euros-- su patrimonio antes de trabajar en el Ayuntamiento y ha asegurado que no tenía "ningún" control "ni mando" sobre los funcionarios públicos del Consistorio, al precisar que estos "están en la órbita del Ayuntamiento y sus jefes directos son el secretario y el alcalde".
Roca, que ha declarado en el juicio del caso 'Malaya', se ha referido a las imágenes del supuesto cuadro de Miró que se le intervino y de los animales disecados y ha indicado que no se ha podido demostrar que el citado cuadro sea verdadero, precisando, entre otras cosas, que "no ha sido tasado por el Ministerio de Cultura porque duda de su autenticidad". "A estas alturas del partido, nadie es capaz de mantener que Roca tenía un Miró en el baño", ha sentenciado.
A preguntas de su defensa, ha incidido en que su patrimonio antes de ser director del Plan General marbellí era de mil millones de pesetas y no de la cuantía estimada por los informes policiales de 650 millones de pesetas. En este punto, ha considerado "una puesta en escena" decir que cuando llega a Marbella lo hace con lo puesto.
Por otro lado, ha precisado que el servicio de disciplina urbanística está dentro del área de Urbanismo "y su jefe es el jefe del servicio jurídico de este área", que era Jorge González, cuya declaración como testigo en una causa por delito urbanístico dio lugar a este procedimiento y con quien ha dicho "tenía muy mala influencia".
El ex asesor de urbanismo ha afirmado que el trabajo que desarrollaba en Planeamiento era "siempre dirigido a supervisar y preparar documentos del Plan General" y ha añadido que "en ninguna ocasión" ha dictado resoluciones ni tomaba decisiones. "La misión de Planeamiento no era emitir informes vinculantes sino hacer propuestas a la Corporación", ha subrayado.
En relación con el urbanismo, ha precisado que hay que diferenciar dos etapas, una primera en la que "se trabajó conjuntamente" con la Junta de Andalucía, con la que "la relación era muy fluida", y otra posterior, coincidiendo con la aprobación de la revisión de 1998 por el Ayuntamiento, en la que el entonces alcalde Jesús Gil, "se irrita" y, según ha indicado, "se enfriaron" las relaciones con el Gobierno andaluz y "las reuniones eran más frias".
También, al igual que hizo en la sesión anterior, ha informado de que no había incompabilidad a la hora de desarrollar su trabajo en sociedades municipales y en sus propias empresas, recordando que su actividad empresarial "ha sido conocida". Preguntado por su letrada sobre si ha tenido a libre disposición caudales públicos, ha señalado que "he tenido caudales públicos pero no a mi libre disposición", ya que, "como apoderado de Planeamiento se remitía el importe de nóminas y facturas" y no se le remitía a Planemiento un presupuesto.
Por último, Roca ha indicado que sus sociedades "no han escatimado pagos a Hacienda" y ha añadido que si Lispag, sociedad a través de la que se desarrolló la operación, tuviera que tributar en España "se hubiera tributado", pero "lo que se nos dijo es que esta sociedad tenía que tributar en Suiza".
MUÑOZ SEGUÍA LAS INSTRUCCIONES DE GIL
Por su parte, el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha asegurado que él se limitaba a firmar convenios y no a dictarlos ni negociarlos, y ha apuntado que seguía "instrucciones de Jesús Gil", entonces alcalde. "He firmado prácticamente en todos los sitios, en el Club Financiero, en el Ayuntamiento, en notarias, en el capó de los coches y lógicamente algún convenio habré firmado también en Planeamiento", ha apuntado.
"El señor Gil no iba por el Ayuntamiento prácticamente nada, a mi me llamaba y me decía hay que hacer esto y yo en una confianza plena en Gil nunca pensé que se pudiera estar haciendo nada ilegal", ha apuntado Muñoz en su declaración en el juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella, al tiempo que ha preguntado "quién era yo para exigir nada al alcalde".
Ha recordado que él no era concejal de Urbanismo, sino Gil, y ha insistido en que cuando le pasaban los convenios "estaba convencido de que eran legales", apuntando que "jamás" le ha presionado nadie.
Ha dicho no recordar si ya en 2001 había causas abiertas por delitos urbanísticos, pero ha apuntado que "sí es cierto que lo he sufrido en mis carnes, con razón o sin razón, pero me he comido tres años en la cárcel".
Asimismo, ha considerado que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, "en Urbanismo, poco tenía que ver, por no decir nada", explicando la distribución del área y su separación física con Planeamiento, y ha estimado que si se firmaron entre 600 o 700 convenios en el Ayuntamiento de Marbella "yo pude firmar entre un 90 o un 95 por ciento", en sustitución del regidor, ya que fue teniente de alcalde.
Respecto a la operación inmobiliaria Crucero Banús, que se analiza en este bloque del juicio, ha dicho que ocurrió lo mismo y se limitó a suscribir un documento al que, como en otros casos, "no hice seguimiento", ha apuntado. Ha indicado que cuando firmaba los convenios sólo tenía ese escrito y "mi pregunta a quien me lo llevara o a quien estuviera allí era: ¿está todo legal?".
"No he intervenido en nada de la gestión del convenio, simplemente he estampado mi firma", ha apuntado, al tiempo que ha negado que recibiera presión por parte de algunos de los imputados en esta causa. "Hasta ahí podíamos llegar", ha apostillado.
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