Acciones, no palabras

El peso de un comportamiento invernal atípico, el coletazo del fenómeno de La Niña que golpea a las provincias del norte de la  región interandina ecuatoriana, luego de azotar a gran parte de Colombia y Venezuela; la incidencia de enfermedades estacionales que suelen recrudecer en Costa y Sierra a comienzos de año, la afluencia de pacientes afectados por la gripe AH1N1, entre otros problemas, saturan la atención de los hospitales y centros de salud del país.
Estas son, entre otras, las razones que animan al Presidente de la República a declarar en emergencia al sistema nacional de salud. Decisión nada fácil de tomar, pues implica la búsqueda de recursos. La  inyección de $ 1.600 millones durante el año que terminó no fue suficiente para superar los inconvenientes del país.

A todo esto se suma  la limitada oferta que tienen los centros hospitalarios y la demanda de atención médica que, al cierre de 2010, osciló entre los treinta millones de pacientes atendidos en 127 hospitales y 1.861 unidades operativas. Ante el desborde de la capacidad de las casas asistenciales del Estado, la construcción de nuevas unidades es imperativa, a pesar de que   tardará no menos de treinta y seis meses hacerlo. Por ello se hace necesaria la liberación de recursos por más de $ 400 millones con los que se podrá atender de manera eficiente estos y otros problemas, aun cuando esta cantidad no estaba presupuestada y obligará a revisar el porcentaje actual del impuesto a los consumos especiales de cigarrillos, alcohol, llamadas telefónicas, e incluso de medicinas que actualmente no pagan el impuesto al valor agregado.

Además, se hacen necesarios  los  reajustes a las políticas de inversión para que la prestación de servicios en cirugía, urgencias, remodelación de estructura física, modernización de equipos e intervención de ocho hospitales para cubrir necesidades de los grupos más vulnerables del país. De acuerdo a normas internacionales vigentes, el porcentaje de camas ocupadas no debe superar el 80%, de manera que el restante 20% sirva para atender casos excepcionales. Hoy ocurre todo lo contrario.