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Se mantiene desafiante y carga contra la SER

El propietario del asador de Marbella se atrinchera con 'malos humos'

El propietario del asador de Marbella se atrinchera con 'malos humos'

jueves 10 de febrero de 2011, 20:30h
Actualizado: 10 de febrero de 2011, 23:00h
El propietario del restaurante 'Asador Guadalmina' de Marbella (Málaga), José Eugenio Arias, no cerrará, a pesar de haber recibido por parte de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía el acta de cierre provisional por incumplir la Ley Antitabaco y permitir a sus clientes fumar dentro del establecimiento. Y es más, ha amenazado con defender "a muerte" su negocio en contra y se ha negado a responder a la Cadena Ser "ni a todos los medios afines a este Gobierno socialista de mierda corrupto, ¡dejadme en paz!", respondía en un exabrupto a la radio de Prisa.
Arias ha asegurado que defenderá su negocio "a muerte", que se acoge a su derecho constitucional y que no consentirá "un atropello" que ha calificado de "prevaricación por parte de la Junta de Andalucía". El propietario ha asegurado que sus abogados han informado al Gobierno andaluz del delito en el que incurrirían en caso de cerrar el restaurante.

El dueño del asador considera que tan sólo la Guardia Civil podría cerrar el establecimiento con una orden judicial. En este sentido, ha precisado que ha intentado hablar con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para indicarle los problemas que tendrían los agentes de la Policía Local en caso de que intenten cerrar el establecimiento.

Este jueves, pasadas las cinco de la tarde, inspectores de la Delegación Provincial de Salud se personaron en el 'Asador Guadalmina' para hacerle entrega del acta de cierre provisional. En ella se conmina a la propiedad al cierre del establecimiento este mismo jueves en respuesta al "incumplimiento e insumisión clara y permanente de este empresario contra la legislación vigente en materia antitabaco".

Una veintena de personas se agolpaba a las puertas del establecimiento en protesta por la medida de la administración autonómica. La consejera de Salud, María Jesús Montero, informó este jueves de la actuación de la Junta, que tendrá una vigencia de dos meses, y que, en el caso de que no deponga su actitud, se le sancionará con 145.000 euros y se elevará el caso a los tribunales, con la consiguiente propuesta de la Consejería de que se siga con el cierre cautelar hasta que haya una resolución judicial.
 



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