Asamblea Regional aprueba la modificación que reduce a la mitad los recortes para los funcionarios públicos

La Asamblea Regional ha dado este miércoles su visto bueno, en una sola sesión, a la reforma de la Ley que aplicaba recortes a los funcionarios, fijándolos a partir del 1 de marzo en 36,5 horas la jornada laboral para los del régimen general y 39 para los de especial dedicación y en una media de 37,5 euros de rebaja de complementos salariales mensuales, la mitad de lo previsto en la Ley inicial
  
No obstante, dicha Ley fue aprobada sin dar posibilidad a la oposición de plantear enmiendas, y la misma entrará en vigor el 1 de marzo.
  
El portavoz parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, incidió en la legitimidad del Partido Popular para proponer que se "haga lo que cree mejor para los ciudadanos, de los que representa a la inmensa mayoría".
  
También insistió en que, pese a esa legitimidad de origen, "estas medidas son también fruto del diálogo y del acuerdo social", en virtud del cual se ha confirmado que sólo estarán en vigor hasta el 31 de diciembre.
  
Respecto a las críticas de la parte sindical que no aprueba la reforma y los partidos que lo critican, Ruiz subrayó que "nadie ha podido demostrar que haya despilfarro" y se apoyó para ello en que la Comunidad es de las menos endeudadas.
  
Por eso, reiteró la indignación del PP regional y del Gobierno autonómico al que sustenta "por el hecho de que "exigir medidas de calado en el recorte" para optar a un mayor endeudamiento, "mientras los representantes de otra comunidad, con el doble de deuda, consumieran el permiso para endeudarse tras una reunión de dos horas con Zapatero", en referencia a Cataluña.
  
La diputada del PSOE, Begoña García Retegui, justificó la oposición de su partido a la ley porque "no va a resolver el problema de déficit y agravará el desempleo y empeorará la calidad de los servicios públicos". "Estamos a la cola en política social y en abandono escolar e iremos a peor", indicó.
  
A su juicio, sí hay fórmulas para ahorrar por otros medios. "Hemos planteado alternativas para recortar hasta 500 millones de euros sin tocar los salarios de los funcionarios ni los servicios públicos, recortando entes y chiringuitos, mejorando la gestión, reduciendo asistencias técnicas y rebajando el número de eventuales y asesores", indicó.
  
Por su parte, el portavoz de IU, José Antonio Pujante, calificó de "golpe de estado a la función pública" la aprobación de la reforma de la ley sin posibilidad de enmienda por parte de la oposición.
  
A su juicio, al margen de la moderación de los recortes salariales "lo importante es al pérdida de empleo directo y del que generará la imposibilidad de actualizar la tasa de reposición de los servicios públicos", indicó Pujante.
  
Asimismo, el representante de IU censuró que "no se haya negociado de verdad con los sindicatos" y sólo tras las protestas multitudinarias "se haya llevado a cabo una modificación insuficiente".