Seguridad ciudadana, ¿de la cima a la sima?

Recojo una cita: “Todos los días los ciudadanos enfrentamos no sólo el flagelo de la inseguridad ciudadana, sino también el abuso del poder policial y militar. Todos los días se cometen abusos contra los derechos humanos, ¿quién los investiga, quién los sanciona?”. La cita forma parte de una entrevista y nota a tres páginas en la que la preocupación central era la “Policía y democracia en Bolivia: una reforma pendiente”, abordada en la investigación hecha por un equipo comandado por el sociólogo Juan Ramón Quintana. Traigo a colación la entrevista, porque me parece por demás pertinente hoy, día en que se celebrará en La Paz una “cumbre por la seguridad ciudadana” convocada por el presidente Morales, del que Quintana es uno de sus más influyentes colaboradores. El dato debería ser esperanzador, considerando el conocimiento que Quintana demostró tener no sólo de la Policía, sino de los temas de seguridad y la claridad acerca de los riesgos que corría ya en mayo de 2003 la sociedad boliviana: la de ser “rehén del miedo, algo impensable en democracia”. Pero, ¿algo cambió en los cinco años y medio del Gobierno del MAS, en lo que refiere a seguridad ciudadana y reforma policial, dos temas estudiados por Quintana? Los hechos dan cuenta que no, que no hubo cambios que permitieran frenar la corriente delictiva y de violaciones a los derechos humanos que mantienen hasta hoy en zozobra a la ciudadanía en general. Lejos del cambio propuesto, lo que ha habido es una repetición de taras denunciadas por el estudio publicado por el PIEB, esta vez, con conocimiento de causa. A saber. En mayo de 2003, Quintana decía: “'hay una lógica prebendal y cortoplacista que impide promover los cambios que demandan con urgencia los modelos policial y de seguridad”; ese pacto prebendal es “entre los partidos de Gobierno y la Policía, mientras ésta viola derechos humanos, el sistema político se encarga de protegerla, alentando un proceso de acumulación de impunidad”. Por eso, concluía: “la reforma policial no es rentable en términos políticos. A ningún partido le conviene reformar a la Policía, porque sería hacerse un ‘harakiri’. Esto tiene que ver con la lógica patrimonial del sistema político que usa a la Policía para bloquear investigaciones, para vigilar a sus oponentes, para chantajear políticamente. Es una herramienta pública que sirve al Gobierno de turno para controlar a los que cuestionan al poder.” ¿Algo ha cambiado en el panorama que presentó Quintana en 2003? Otra vez, de cara a los hechos, se puede afirmar que nada ha cambiado, que el Gobierno del MAS no logró librarse de caer en el mismo pecado cometido por los gobiernos democráticos que le antecedieron en el poder. Por el contrario, hasta parece más bien que tantos estudios sirvieron apenas para “optimizar” el uso de la Policía como instrumento de poder político, y no como una de las herramientas necesarias para dar seguridad a la ciudadanía. Si en este punto no hay avance, ¿alguien puede creer que sea posible lograr alguno en otras áreas que son también parte de la problemática de inseguridad ciudadana? Personalmente, no lo creo. Y perdón por la incredulidad. No tengo ninguna esperanza en la “cumbre” convocada por el Presidente. Y no sólo por constatar que, teniendo de mano derecha a un gran conocedor del tema, lo hecho por el Gobierno está lejos de ser una “reforma policial” encaminada a democratizar el manejo de la Policía. Mi falta de fe en la “cumbre” también se alimenta de otros factores: uno de forma y otro más de fondo. El de forma es la sede: el Ministerio de Gobierno, igual a represión. El de fondo es el ánimo con el que van algunos de los invitados, entre ellos el gobernador Costas, de Santa Cruz: proponer medidas que se enfocan también en los organismos de represión. O sea: van a una “cumbre” a tratar el problema de inseguridad ciudadana, sin tener la menor idea de que éste no se resuelve apenas con cárceles, endurecimiento de penas y más policías. ¿Acaso ignoran que la seguridad ciudadana pasa por otros factores mucho más determinantes, como los valores de convivencia democrática, la educación en el respeto mutuo, la equidad social, por citar los más importantes? Así no va a dar. Así, la “cumbre” no representará una cima, sino que se irá a la sima. Definitivamente, para que algo cambie en serio, la ciudadanía tendrá que salir de su letargo, vencer el miedo y ser capaz de articular respuestas “para poner contra la pared a los políticos y obligarlos a tratar en el Parlamento'” una auténtica política de seguridad ciudadana. De lo contrario, como lo advirtió hace ocho años Quintana, “corremos el riesgo de desintegrarnos como comunidad en escenarios donde el linchamiento será una práctica formal ejercida por el más fuerte contra el más débil y la seguridad dejará de ser un bien público para convertirse en un privilegio de los que puedan pagarla”. Maggy Talavera es periodista Tomado de la edición del 25/04/2011 de Página Siete