La Audiencia Nacional confirma el cierre de Garoña en 2013

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por la que autoriza la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el 6 de julio de 2013, fecha de cese definitivo. En una sentencia notificada este jueves, de más de 50 folios, los magistrados concluyen que para prorrogar la explotación de una central nuclear no se requiere una evaluación de impacto ambiental, ya que "no se trata de crear una nueva instalación sino de continuar la actividad de una ya existente, sin perjuicio de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales". Los magistrados analizan los diferentes argumentos de los once recurrentes y que se resumen en dos posturas encontradas: los que pedían la prórroga hasta 2019, entre otros, Nucleonor, como empresa titular de la explotación, y la Junta de Castilla y León, y los que solicitaban el inmediato cese y desmantelamiento de la central, entre los que se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular, informa ep. Los magistrados tampoco estiman que se haya incumplido el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas ni que sea necesario un trámite general de información pública, como alegaban algunos de los recurrentes. En este sentido, aseguran que la Sala ha tenido en cuenta que las entidades que pudieran sentirse lesionadas en su derecho de acceso a la información y participación en el Procedimiento no reclamaron frente a la pasividad de la Administración, por lo que el Tribunal concluye que éste se respetó. Por otro lado, el Tribunal también considera que la autorización de la prórroga no significa, como argumentaban la empresa Nuclenor y otros recurrentes, que el titular de la explotación tenga "un derecho indefinido y temporalmente ilimitado, a continuar explotando la misma". Así, explica que las autorizaciones de explotación y sus prórrogas tienen elementos reglados (la competencia del órgano que ha de concederla y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad nuclear) pero son condiciones "de mínimos" ya que se pueden tener en cuenta otros factores o circunstancias, como por ejemplo decisiones de política energética o medioambiental. Considera lícito que pese una opción política Por ello, la Sala no aprecia desviación de poder por parte del Ministerio de Industria. "Es lícito --explican los jueces en su sentencia-- que para decidir sobre la renovación o no de una explotación de una central nuclear pueda pesar una determinada opción de política energética del gobierno, basada en el fomento de las energías renovables". La sentencia incluye el voto particular de un magistrado de la Sección que discrepa de la resolución en dos puntos concretos: este magistrado entiende que se debió cumplir debidamente el trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Castilla León en relación con el cese definitivo de la explotación y que se incumplió el trámite de información y participación pública en los términos exigidos por la Ley 26/ 2007 y en el Convenio de Aarhus. Evitar un "capricho político" Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional para evitar el "capricho político" de cerrar la Central Nuclear de Garoña en 2013. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, De Santiago-Juárez ha explicado que la Junta no conoce por el momento la sentencia, aunque ha destacado que existe un voto particular que refrenda la tesis de la Junta de prorrogar la actividad de la central. Asimismo, el portavoz ha explicado que la Junta tiene hasta septiembre para presentar un recurso a la sentencia conocida este jueves de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El consejero de la Presidencia ha insistido en que el objetivo del recursos es evitar que se lleve a cabo un "capricho político" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que, como ha mantenido la Junta durante todo el proceso, podría suponer la pérdida de 1.000 puestos de trabajo. Nuclenor trabajará por la continuidad de la central Nuclenor, titular de la central nuclear de Garoña, ha señalado que seguirá trabajando por el mantenimiento de la instalación tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que avala la prórroga de la central hasta 2013 y su cierre definitivo en esa fecha. En este sentido, señala que espera la valoración por parte de su equipo jurídico para decidir las medidas y acciones legales pertinentes. Además, asegura que la sentencia no cuestiona la seguridad de la instalación y basa la decisión en cuestiones de orden político. "Nuclenor seguirá trabajando por el mantenimiento de la instalación de forma segura y fiable y agradece a todos los que lo hacen posible con su trabajo día a día, así como a las entidades e instituciones que apoyan y confían en el futuro de la instalación", añade. Por último, reitera que Garoña cumple con todas las normas legales y técnicas que garantizan la seguridad de la instalación para poder seguir funcionando. Reacciones El Partido Socialista de Castilla y León ha lamentado el "despilfarro" de recursos públicos en "causas perdidas", en referencia al fallo de la Audiencia Nacional, y ha acusado a la Junta de "hacer oposición" el Ejecutivo central con este asunto. Así lo ha puesto de manifiesto la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, quien ha asegurado que el fallo demuestra "una vez más" que es "fácil despilfarrar" recursos públicos en "causas perdidas", a lo que ha añadido que el tema sobre el cierre de Garoña ha sido usado por el ejecutivo de Juan Vicente Herrera para "hacer oposición" al Gobierno de España y "no porque le importe". Tras acusar a la Junta de no contar con un modelo energético y de "dar la espalda" a otras energías, De la Peña ha reiterado su acusación a la Junta sobre el "despilfarro" de recursos "en causas perdidas". El alcalde de la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, Rafael Mediavilla, ha pedido al Gobierno que busque una solución a una "injusticia total" ya que el cierre de la central de Santa María de Garoña supondrá la pérdida directa de unos 600 trabajadores y el Plan Especial de Garoña sólo ha permitido crear siete empleos. Al respecto, Rafael Mediavilla ha recordado que Garoña "ha producido energía para todo el país" y que ahora "se deja tirado al valle" con el cierre en 2013 de la central nuclear, por lo que se ha preguntado "qué es lo que va a pasar" cuando la planta de Santa María deje de funcionar "porque nadie parece preocuparse por ello". Ante esta situación, el alcalde de la localidad burgalesa ha pedido "por Dios" al Gobierno que busque una "solución" a lo que  ha definido como una "injusticia total" al tiempo que ha reconocido que el Plan de Dinamización de Garoña "no ha servido para nada porque no se ha hecho nada y no se ha cumplido nada". De hecho, el Colegio de Economistas de Burgos realizó un seguimiento de dicho plan especial y concluyó que sólo se crearon 15 empleos el pasado año  y sólo se materializó el 25 por ciento de la inversión prevista. Para Rafael Mediavilla, a la difícil situación a la que tiene que hacer el medio rural se suma ahora lo que ha definido como "una papeleta durísima" con el cierre de la central nuclear en 2013.