En estos tiempos de incertidumbre y de indefinición de fronteras, entre lo legal y lo legítimo, lo condenable y lo aceptable, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que dé un palmetazo a una asociación ultraconservadora, llamada Manos Limpias, y a través de ella al propio PP y sus directivos, que alentaron a los jueces a actuar contra dirigentes socialistas por haber cometido el pecado de unirse con Batasuna en el insoportable delito de buscar alguna clase de acuerdo y avance hacia la paz. El PP había llegado a denunciar, en efecto, que Patxi López y Javier Ares se reunieran con dirigentes batasunos en esa búsqueda de avances del proceso de paz, en línea con los contactos anteriormente mantenidos por el propio lendakari Ibarretxe con Arnaldo Otegi en idénticos propósitos, sintetizados por Zapatero recientemente en una sola expresión sencilla y fácil de entender: que Batasuna reduzca sus actuaciones políticas a la palabra. Que no emplee otros procedimientos salvo el de la defensa de sus argumentos con la palabra, que es algo que distingue a los parlamentos y parlamentarios en todo el mundo democrático. Superar esa exigencia quiere decir pasar de las palabras a la violencia en defensa de propósitos políticos, y eso es lo que han venido haciendo los etarras y sus socios y cómplices a lo largo de los últimos cuarenta años, con los dramáticos resultados bien conocidos.
Pues bien, el Supremo avala y convalida esos contactos políticos que las fuerzas democráticas vienen manteniendo con Batasuma, por ilegalizada que esté esta organización en tanto no renuncie y abjure a la violencia de su socia ETA, y hasta que no regrese al redil de las organizaciones legalizadas. La sentencia del Supremo es de una modélica lucidez, porque establece, o recuerda, que el control de la acción del Ejecutivo corresponde al Congreso de los diputados, y que sería un fraude constitucional pretender corregir en los tribunales la dirección de la política interna o exterior que la Constitución encomienda al gobierno.
Naturalmente, han faltado apenas unas horas para que Rajoy saliera en defensa de las tesis de Manos Limpias y su ultraconservadora actitud, advirtiendo que puede, en efecto, ser legítima y legal esa clase de encuentros y conversaciones con Batasuma, pero no serán morales. O sea, serán inmorales. Naturalmente, esta desautorización 'de conciencia' entra de lleno en el apostolado que Rajoy y los suyos vienen haciendo contra el diálogo del gobierno en busca de la paz con la banda y sus colaboradores. Pero eso forma parte del ámbito de la conciencia personal, y es evidente que los criterios de Rajoy, Acebes, Zaplana y Manos Limpias no tienen por qué ser de carácter obligatorio ni extensivos a nadie que no los desee compartir.
Si (
No(
