Es seguro que estaba muy meditada la decisión de quién debería iniciar el debate sobre la Memoria Histórica, en el Congreso de los Diputados, y es evidente que la elección de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no era ajena al propósito de ofrecer credibilidad, firmeza y dotes suficientes para llegar a un acuerdo de mínimos con otros grupos parlamentarios distintos al PSOE. De la Vega presentó el Proyecto de Ley como una iniciativa que "lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia.
Esta es una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia", proclamó ante el hemiciclo escindido entre los contrarios por exceso y los contrarios por defecto... Luego, además de detallar las medidas propuestas para reparar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la vicepresidenta hizo hincapié en que, con esta norma, el Gobierno cumple "escrupulosamente" con los mandatos parlamentarios sobre la materia, en referencia a la declaración que, por unanimidad, aprobó el Congreso hace cuatro años, el 20 de noviembre de 2002, cuando se reafirmaba "el deber al reconocimiento moral" de las víctimas de la guerra y la dictadura. Explicó que, además de ese reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas, la ley pretende saldar la deuda de la injusticia que la sociedad tiene con quienes "sufrieron violencia y persecución injustas" mediante una reparación moral acompañada del reconocimiento a sus derechos individuales.
De la Vega se esforzó, asimismo, por negar que el Gobierno, en ningún momento, haya pretendido ni reconstruir la historia ni instituir una memoria, puesto que memoria e historia no son lo mismo, ni tienen los mismos objetivos, y explicó que, además de reconocer, con carácter general, la injusticia de las condenas de ese período, la nueva norma reconoce su derecho y el de sus familias a una declaración singular y a una reparación individual de la injusticia que sufrieron, al reconocer el derecho de los familiares y allegados a localizar y recuperar los restos de sus parientes y de acceder a los fondos depositados en los archivos públicos, impulsando el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Asimismo, destacó el capítulo dedicado a la retirada de símbolos y monumentos franquistas en organismos públicos estatales mediante un criterio que describió como ponderado y respetuoso. De la Vega opinó que "con el reconocimiento y profundización de los derechos de las víctimas que esta ley establece, enriquecemos nuestro legado de concordia, justicia y libertad".
¿Son argumentos irrebatibles los empleados por la vicepresidenta? En su boca resultan fácilmente asumibles, aunque a la hora de descender a los detalles vuelve a comprobarse lo obvio: que a la derecha le sobran todos y cada uno de estos gestos y la resurrección de viejas peleas con víctimas, y a la izquierda, en cambio, y a buena parte de los nacionalismos, le resultan del todo insuficientes. De ahí que la vicepresidenta fuera la elegida para tender el puente y lograr el mínimo consenso y entendimiento. Misión imposible en los tiempos crispados en que nos hallamos...
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