Banderas, imponer o convencer

   Lo que define un Estado de Derecho es la vigencia y fiabilidad de la ley. La ley no se discute, la ley se cumple; no hace falta convencer a nadie de que la ley no se puede evitar. Conceptualmente, la respuesta de María Teresa Fernández de la Vega a la pregunta del Partido Popular sobre la imposición de la obligación de poner la bandera española en los términos contemplados en la ley, no es de recibo. Si la dialéctica del Gobierno es el convencimiento, entonces la ley no sirve porque no se puede discutir su aplicación. En un estado de derecho la ley se puede cambiar, se puede recurrir contra su interpretación, pero no se puede dejar su cumplimiento en manos de la capacidad de convencimiento de quien tiene la obligación de velar por su cumplimiento.

   El PSOE y el Gobierno están demostrando una gran debilidad si tienen problemas para defender el uso y el respeto a los símbolos constitucionales. Si su política frente a las imposiciones de la ley es la esperanza del convencimiento, lo que están haciendo es dejar en manos del PP el monopolio de la conceptualización de España. Si Rodríguez Zapatero no entiende que las banderas tienen que cumplir el papel que constitucionalmente tienen asignado, el espacio que el PP tiene para una inmensa y agotadora campaña de patriotismo será un filón inagotable.

   El PSOE tiene la obligación de defender un concepto progresista, democrático y constitucional de España que para nada está reñido con la más profunda de las sensibilidades autonómicas. La dejación de esa obligación no solo no está calmando los apetitos nacionalistas sino que cada debilidad del estado se transforma en fortaleza de quien aspira a la independencia. No es una tragedia inmediata, pero el desistimiento es el camino inexorable de debilidad del Estado de Derecho.

   No se trata ni de convencer ni de imponer; se trata sencillamente de algo tan natural en una democracia como es conseguir que las leyes, solo por el hecho de serlo, están vigentes.