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Bruselas ampara las expulsiones de europeos por parte de Alemania, pero sin vetar su regreso

Bruselas ampara las expulsiones de europeos por parte de Alemania, pero sin vetar su regreso

>> Es una práctica que ya se realiza en Bélgica y que en la práctica se ciñe a dejar a los parados sin servicios sociales

jueves 27 de marzo de 2014, 13:48h
La Comisión Europea ha dicho este jueves que la legislación de la UE permite a Alemania expulsar a partir de un periodo de tres meses a ciudadanos de otros Estados miembros que no dispongan de recursos para mantenerse, como ya hace por ejemplo Bélgica.
El Ejecutivo comunitario ha señalado que es "demasiado pronto" para pronunciarse por el informe elaborado por los expertos del Gobierno alemán --que plantea expulsar del país a los inmigrantes europeos que no encuentren empleo en un plazo de tres o seis meses-- alegando que es "provisional" y que las medidas sólo se concretarán en junio.

"Es demasiado pronto para adoptar posición. La Comisión vigilará la buena aplicación del derecho de la Unión", ha dicho el portavoz de Empleo y Asuntos Sociales, Jonathan Todd.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha recordado que, de acuerdo con las normas vigentes, "una persona no tiene el derecho absoluto a quedarse en otro Estado miembro". "A partir de tres meses, debe poder demostrar que tiene los medios financieros para no ser una carga para el país de acogida, a menos que esté buscando un empleo", ha dicho el portavoz.

"Examinaremos las medidas alemanas a la luz de la legislación europea y de esta cláusula de salvaguarda", ha insistido Todd. Bruselas ha distinguido además las medidas que prepara Alemania de las restricciones que ha anunciado Reino Unido, que sí han sido criticadas por la Comisión.

"Los expertos alemanes han indicado que pretenden aplicar la legislación de la UE, en lugar de tratar de reinventar las reglas, porque se dan cuenta de que hay salvaguardas en las normas de la UE que pueden aplicarse. Bélgica, por ejemplo, está aplicando actualmente estas salvaguardas", ha apuntado el portavoz. No obstante, en la práctica, el ciudadano no es expulsado -podría volver a entrar en virtud del derecho a la libre circulación- sino que se queda en un limbo jurídico sin derecho a utilizar los servicios sociales.

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