Las próximas elecciones se pueden jugar en Cataluña o en algunas otras ciudades españolas, donde cada escaño se va a pelear a muerte, y en debates sobre el síndrome identitario nacionalista, la negociación con ETA o el Estado que quieren los políticos, que no tiene porqué coincidir con el que desearían los ciudadanos, cada vez más distanciados de la guerra política partidista y más dedicados a tratar de vivir o de sobrevivir, ahora que los precios empiezan a marchar sin control en una subida acelerada y, posiblemente, desmesurada.
Por eso, tienen calado las ofertas económicas que hagan los partidos en sus programas. Ofertas que miren al bolsillo de los ciudadanos y que les permitan poder pagar la hipoteca, llegar a fin de mes, comprar lo necesario y algo más. El bolsillo va a jugar un papel decisivo en la campaña y por eso los socialistas se han puesto nerviosos con la propuesta del PP de que no tengan que hacer la declaración de la renta quienes tengan salarios inferiores a 16.000 euros anuales, los mileuristas, siete millones de ciudadanos, nada menos. Si algo bueno tiene la medida es que va a traer otras que animen los bolsillos de los ciudadanos, aunque no hay que ser demasiado optimistas: lo que nos ahorremos por un lado, nos lo sacarán por otro, porque el gasto comprometido es el que es y no se puede tocar, aunque los populares confíen en que a más dinero circulante, más ingresos sin menos impuestos. Optimistas, pero con moderación.
Donde sí debería haber un gran debate y propuestas exigentes es en el terreno de la educación. Tenemos muchos de los peores resultados de todos los países de la OCDE en todos los niveles educativos y cada cambio de Gobierno trae una reforma educativa que deteriora aún más el índice de fracaso escolar. Los valores de esfuerzo y de trabajo se han excluido de la escuela, donde es posible pasar de curso con cuatro asignaturas suspensas, después de haber bajado hasta límites insospechados los niveles de exigencia. El déficit de conocimiento de la lengua española y la imposibilidad de estudiar en esa lengua, desde la obligatoria hasta la universitaria, está abriendo barreras estériles y negativas. Por eso es importante el debate educativo y no es bastante, ni bueno, garantizar, por ley, que todos los estudiantes deban conocer el idioma español. Lo que es imprescindible es garantizar que todo ciudadano español tiene derecho a una educación de calidad, donde se prime el esfuerzo, el rigor y el conocimiento. Y, además, que lo pueda hacer en la lengua que desee. Todos los escolares españoles deberían ser trilingües. El español, por supuesto, el inglés y la lengua autonómica, donde la haya, también. Donde, de verdad, nos jugamos el futuro no es en la economía sino en la educación. La mala educación que hoy se imparte en nuestras escuelas es una garantía de que el futuro no será el mejor. Los ejemplos de países pequeños, pero pujantes, como Finlandia o Irlanda, indican que el camino va por otro lado.
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