Los vecinos de la Cañada invocan a la ONU para que respalde la legalización

Kothari señala en un informe que "la práctica de los desalojos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada". Según denuncian los vecinos, en los 40 años de vida de la Cañada Real se han intercalado desalojos y derribos de viviendas ilegales por orden municipal con construcciones de nuevos núcleos de población, sobre todo alrededor de la carretera de acceso al vertedero de Valdemingómez.

El representante de los vecinos, Miguel Martín, señaló que "es hora de reclamar derechos universales a altas instancias", ya que a su juicio las administraciones españolas "han olvidado por completo el problema de la Cañada Real", una vía pecuaria situada a 14 kilómetros de Madrid en la que viven más de 40.000 personas en viviendas ilegales.

Martín explicó que un buen número de pueblos y urbanizaciones de Madrid nacieron de "asentamientos de gente, como este caso, y a partir de ahí se crearon unas condiciones mínimas de vida para que la gente pudiese vivir". En la actualidad, los vecinos gestionan su propio suministro de agua y luz y recaudan dinero entre ellos para sufragar el alumbrado de las calles y el asfalto de los caminos.

Las últimas semanas para los habitantes de la vía pecuaria han sido especialmente duras, ya que han estado ocho días sin luz debido a una explosión en sus transformadores y han tenido que soportar las bajas temperaturas de la capital sin estufas ni radiadores eléctricos.