Balanzas fiscales

Parece como si una nefasta conjunción planetaria haya hecho coincidir el informe del BBVA sobre las balanzas fiscales con la escandalera montada a cuenta del aflojar de los cordones de la bolsa gubernamental a gallegos y vascos, dado que tanto el BNG como el PNV, votaron anteayer en contra de la reprobación en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Que los informes técnicos y las estadísticas, pese a su asepsia, pueden transformarse en regalos envenenados resulta cosa archisabida. Que luego este veneno se administre a instancia de parte, también.

Ahora resulta que, leyendo la prensa de esta mañana, que cada madrileño aporta a las regiones menos ricas del Estado un 120% más que cada catalán. Es un detalle objetivo y, por cierto, referido según el citado estudio del BBVA, a los ejercicios de 2005 y 2006. Y, naturalmente, no siempre ha sido así. Sólo hace falta recordar los ocho años de aznarato.  Es un problema que pertenece al ámbito del chalaneo del Gobierno central (en época de Felipe González se hacía tres cuartos de lo propio) con las transferencias a las comunidades autónomas. En suma, una cuestión resuelta a medias y, encima, mal o, cuanto menos, manifiestamente mejorable en cuanto a procedimiento objetivo y/o cuantías reales.

De ahí, por ejemplo, que el Gobierno de turno utilice el aumento o el recorte de las partidas a transferir anualmente a las CC.AA. como la zanahoria y el palo que hacen caminar al burro. El clásico “do ut des”, te doy para que me des. En La Moncloa a eso le suelen llamar alta política de Estado, cuando no pasa del racaneo entre resabiados chalanes de feria ganadera.  

Las balanzas fiscales, que cada partido maneja a su conveniencia (recuérdense los habituales lamentos del PNV y de CiU acerca del déficit) y con una visión que no pasa del año, son un elemento distorsionante de una administración seria del gasto público. Naturalmente, el ministro de Economía de turno suele cuadrar, anualmente, las cifras de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahí todos llegan. Donde se anda a la rebatiña cuando no a la greña es en la distribución territorial. Algo que, con el nuevo Estatut(o) de Cataluña, al menos se pretendía objetivar. Vano empeño, porque el sistema fiscal pactado con el Gobierno de Rodríguez Zapatero crea más problemas de los que resuelve. El primero de ellos, aunque no el más importante, el agravio comparativo avant la lettre entre comunidades.

Lo lógico sería que cada comunidad autónoma contribuyera a la caja común del Estado en función de su Producto Interior Bruto. Como contrapartida, cada comunidad autónoma recibiría transferencias directas e inversiones estatales en función de su población. Naturalmente habría que arbitrar mecanismos correctores en función de la extensión territorial. Eso sería lo lógico y lo que recomiendan la mayoría de expertos en fiscalidad. Pero, ¿desde cuándo la política de nuestro país se rige por la lógica?