'Guateque' de licencias en el Ayuntamiento de Madrid

El 14 de noviembre abrió las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita entraron para investigar una operación denominada como 'Guateque'. Se trataba de una red ilegal que agilizaba o demoraba la gestión de la tramitación de las licencias y cobraba por ello entre 8.000 y 20.000 euros. Más de 40 imputados, 17 detenidos y seis personas enviadas a prisión son el balance, hasta ahora, de un caso que no ha hecho más que comenzar. Entre ellos, individuos con vinculaciones socialistas y populares. Aparte de la investigación que está llevando a cabo el Juez José Santiago Torres, del Juzgado de Instrucción número 32 de la Audiencia Provincial, los grupos políticos en el Ayuntamiento han abierto juicios paralelos, de índole política y social para resolver sus disputas a base de trapos sucios. Entre otras medidas, el Pleno del Ayuntamiento autorizó la apertura de una comisión de investigación especial sobre el asunto.

Según decían los propios funcionarios el 'Guateque' era "vox populi". Según anunció la policía,operaba desde, al menos, dos años antes. Sin embargo, los políticos aseguraban que "nadie sabía nada". Sin embargo, cuando la Guardia Civil tiró del hilo, tras la denuncia de un ciudadano particular que había sido extorsionado, se conoció que la red tenía tentáculos en muchos puntos de la administración municipal. Tras cinco meses de investigación en colaboración con el Consistorio, diez teléfonos de funcionarios pinchados y casi 200 expedientes bajo sospecha se hicieron necesarias nuevas inspecciones. En total, el Instituto Armado tuvo que registrar la Gerencia de Urbanismo, las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente, y las Juntas municipales de Centro, Chamberí, San Blas y Tetuán. El Ayuntamiento de Madrid se personó como acusación particular al sentirse afectado por la red.

Los implicados
El juez decretó el secreto del sumario. Día tras días fueron pasando los imputados, más de 40. Casi todos funcionarios, aunque también hubo arquitectos y abogados. Fueron encarcelados seis. Victoriano Ceballos Fernández, jefe de la división de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento, era el cabecilla. Dos de los principales implicados fueron Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental, y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de Evaluación Ambiental. Otros detenidos fueron Santiago Castillo Morales, un técnico ajeno al Ayuntamiento apoderado de varias empresas de construcción; Antonio Sanz Escribano, técnico de la misma naturaleza que el anterior y también relacionado con diversas empresas inmobiliarias; Carmelo García Sánchez, un técnico municipal jubilado desde 2004 propietario de empresas inmobiliarias, que ya había sido imputado en el caso "Sauna Paraíso".

En libertad bajo fianza quedaron: Mario Mínguez Fernández, arquitecto de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta del Distrito Centro; José Antonio Jódar García, técnico de la Gerencia de Urbanismo; Luis Olave Martín. Trabajador por cuenta ajena en una empresa de decoración; y Sara López Moreno, técnico del departamento de Urbanismo en el distrito de San Blas. Ante el volumen de la investigación, el juez se tomó un tiempo para investigar 

Batalla dialéctica
Mientras tanto, PP y PSOE se enzarzaron en una batalla dialéctica a través de los medios que desvió la atención del verdadero problema: el 'Guateque'. El primero de los enfrentamientos fue el de la responsabilidad política. El Ayuntamiento se ciñó al secreto de sumario para no responder a las acusaciones de los socialistas. PP vinculó al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos con el PSOE, ya que era cuñado del ex-edil socialista Saturnino Zapata. El PSOE acusó al PP de que varios de los imputados tenían responsabilidad política. Ceballos medró en el Gobierno de Álvarez del Manzano y que, incluso, Joaquín Fernández de Castro y Carmen Eulalia Ibáñez, formaron parte de una comisión del Ayuntamiento en 2005 donde se estudiaban las posibilidades para agilizar la tramitación de licencias de obra y funcionamiento.

Ante estas pruebas, PSOE e IU pidieron responsabilidades políticas al Consistorio. En primer lugar, se convocó un Pleno extraordinario y monográfico que se resolvió con la creación de una comisión de investigación que todos los grupos secundaron. En el Pleno comparecieron, a petición del Grupo Municipal Socialista, Pilar Martínez y Ana Botella, delegadas de Urbanismo y Medio Ambiente, respectivamente. Botella se defendió amparándose al secreto de sumario para no responder a los ataques. Mientras, Martínez respondió criticando que su falta de vigilancia se había sumado a la falta de vigilancia de oposición, sindicatos, gremios profesionales y otras entidades. Tanto el PP como el PSOE organizaron un buzón para hacer públicas sus denuncias.

Después de las comisiones comenzó la batalla de las licencias que tenían las sedes de ambos partidos. Según denunció Pilar Martínez, la sede del PSOE, en Ferraz, carecía de licencia desde su fundación en 1981 y el partido solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras en 2005 para la que no se dieron las certificaciones correspondientes. Martínez amenazó con enviar inspectores para conocer el estado de las licencias de Ferraz, aunque quedó sólo en una amenaza. Envió, eso sí, un requerimiento para tener las licencias de Ferraz. Los socialistas acusaron a Martínez de 'vendetta' y contraatacaron diciendo que la sede de Génova del PP y la de FAES de Juan Bravo tampoco tenían licencia. Los Populares se aprestaron a presentar sus certificados correspondientes.

Comparecencia del alcalde
Luego, los socialistas pidieron información sobre si el concejal de Retiro, Luis Asúa, había inscrito en el Registro de Intereses del Ayuntamiento su actividad como administrador en empresas privadas para descartar responsabilidades. Además, alertaron que existían 2.800 denuncias ciudadanas de obras sin licencia o no ajustadas a licencia ante el Ayuntamiento de la capital durante la elaboración de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Por último, mostraron cómo la base de datos de la Concejalía de Medio Ambiente contenía recomendaciones por escrito de ediles y altos cargos para dar prioridad y adelantar más de cien permisos. La mayor parte de los expedientes eran tramitados por Victoriano Ceballos. El PSOE solicitó la comparecencia extraordinaria del alcalde por el caso y la dimisión de Pilar Martínez y de la antigua concejala de Medio Ambiente, Paz González. Sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas gracias a la mayoría Popular en el Consistorio. Los socialistas recurrieron en el juzgado amparándose en el artículo 95 de la normativa del Pleno.

Ante el cruce de acusaciones en los medios entre PP y PSOE, Izquierda Unida amenazó que no participaría en la comisión de investigación si continuaba la escalada de ataques.

Para tratar de buscar soluciones, Ruiz-Gallardón propuso que se externalizase el servicio para solucionar el problema de la agilidad. El regidor admitió que existía un "déficit" en la tramitación". La medida fue ampliamente criticada por la oposición que lo tachó de "privatización"; y, sobre todo, por los sindicatos de funcionarios públicos, que criticaron el desmerecimiento a su trabajo. Finalmente, los colegios de arquitectos e ingenieros pactaron con el Ayuntamiento certificar las licencias para agilizar los trámites a los ciudadanos y descargar de trabajo a la administración.

El sindicato 'Manos Limpias' anunció que se querellará contra el alcalde la delegada de Urbanismo y la de Medio Ambiente. Además, pidió al juez que se investigue la tramitación especial de la licencia de las 'Cuatro Torres', ya que las torres, según el sindicato, cuentan con licencias de funcionamiento "atípicas".