Pactos o extorsiones

Quieren hacer creer a los españoles que el progreso de España empezó con las izquierdas desbordadas de la II República, pero los españoles se acuerdan de cuando su abuelo compró el primer coche y fue propietario del piso en que aún vive la familia. Saben que el Rey Juan Carlos I fue coronado con plenos poderes para que pudiese realizar una transición democrática que culminó con una Constitución de todos y para todos, sin conflictos civiles. Y saben que el actual presidente Pedro Sánchez está evitando los pactos de convivencia con las mayorías electorales y prefiriendo oscuras sumisiones a los cómplices que ha encontrado en su camino, dispuestos a vender sus votos parlamentarios a cambio de erosionar los pilares unitarios de la Constitución y desproteger al Estado. No solo rebajando el delito de sedición sino amenazando con imponer a la justicia la servidumbre de una parcialidad parlamentaria.

Esto es lo que insinúan los que dicen que “este Gobierno va a trabajar para garantizar que los órganos funcionen a pesar del PP”. Sustituir la mayoría cualificada legal de 3/5 parlamentarios por una mayoría absoluta que fuerce la renovación del Poder Judicial a la medida del sectarismo del presidente del Gobierno y sus aliados y cómplices. Tomar por asalto un poder del Estado que debiera permanecer independiente de caprichos partidistas, con una reforma apresurada de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal y como lo propone “Podemos” y entre tanto mantener la norma —recurrida y estancada en el Tribunal Constitucional— de hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial. No es un proceso de infantilismo progresista sino el incumplimiento de la lealtad al sistema con el que se han comprometido voluntariamente quienes juran o prometen la Constitución del Reino de España. Sánchez no firmará pactos pero aceptará extorsiones de quienes le prestan votos parlamentarios como condición para seguir adelante con sus Presupuestos Generales o con sus leyes sectarias. Se deja extorsionar a cambio de continuar. Prefiere aceptar chantajes que acordar pactos.

La aritmética parlamentaria exige el voto de 3/5 partes del Congreso o Senado, una mayoría representativa para elegir una parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mejor o peor, es el mandato de la ley para invitar al pacto entre los grandes partidos haciendo que dichos miembros sean votados por quienes representan a la mayoría de los españoles. A Sánchez parece que no le interesa esta norma. Él y la extrema izquierda preferirían reformar la ley y que los miembros del CGPJ fuesen elegidos por la simple mayoría que permitiría la conchabanza de favores por escaños para conseguir un Poder Judicial que no emanase de la base mayoritaria de los ciudadanos sino que estuviese sometido a la parcialidad formada por el PSOE y los partidos minoritarios que extorsionan al presidente y se caracterizan por sus intenciones segregacionistas o antisistemáticas.

La cesión a las extorsiones es prioritaria para Sánchez y, por ello, no tiene aval suficiente para sellar pactos de estado fiables con la oposición. Es un rehén de los enemigos del Estado. El sueño de Alberto Núñez Feijóo de desatascar la renovación de los órganos judiciales tropezó con la evidencia de que el pacto tendría que asumir una posterior degradación de la justicia por la rebaja programada paralelamente de los delitos contra la unidad nacional o el incumplimiento de sentencias. No es posible combinar pactos de Estado con extorsiones aceptadas sin reparo para rebajar penas o liberar presos y, si fuese necesario, reformar el código penal a instancias de los sediciosos. Cubrir vacantes en el Poder Judicial sin pacto y degradarlo aceptando extorsiones contra el cumplimiento de sus sentencias o reformando las leyes a petición de quienes las vulneran. Esta es la doblez a la que Núñez Feijóo ha cortado el paso a la espera de “otro PSOE” si es que naciese en un futuro. Hay que esperar a que cambie la correlación de fuerzas en nuestro panorama político. También a que el parlamentarismo recupere el protagonismo propio de una democracia y Congreso y Senado no permanezcan excluidos mientras ensayaban pactos dos personas, el ministro Bolaños y el eurodiputado González Pons, ambos carentes de investidura como diputados o senadores, sin que los presidentes de Congreso y Senado reclamasen voz para sus miembros, reducidos a espectadores hasta que alguien les dijese a quienes deberían votar.

El tema de la sedición solo fue la espoleta para dinamitar cualquier compromiso escrito para una futura justicia compatible con el Informe de Estado de Derecho de la Unión Europea y, si Félix Bolaños no lo sabía es que aún no conoce la mente de su jefe. Ese es el tema nuclear que explica la suspensión de las negociaciones. María Jesús Montero no se fue de la lengua en balde. Sánchez no quiere una socialdemocracia sino un Frente Popular como el de 1936 con el que traicionaron a los parlamentarios de la II República los seguidores de Largo Caballero. Es un ególatra retroalimentado de resentimientos atávicos. Feijóo no necesita dar explicaciones por su reacción tardía. Estaba encerrado entre pactar con un tramposo o prolongar el lapsus del Consejo del Poder Judicial, también maniatado por la tardanza del Tribunal Constitucional en resolver un recurso. La gran mayoría de la gente desconfía lo mismo que él de cómo un presidente extorsionado entiende la igualdad de los españoles ante la ley y la defensa del Estado. Nadie le compraría un coche de segunda mano.