El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, por creer que supone una "invasión de competencias".
La Comunidad de Madrid ya había enviado una serie de alegaciones que fueron rechazadas, por lo que en estos momentos ha preferido llevar el caso al Constitucional, según ha asegurado este viernes el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, en declaraciones a la prensa.
García ha subrayado que esa declaración "invade las competencias exclusivas" de la Comunidad de Madrid, por lo que ha recordado que "no van a permitir" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga campando a sus anchas, colonizando todas las instituciones", ni que "imponga su visión sesgada y partidista de la realidad".
El edificio funciona en la actualidad como sede de la Presidencia regional y anteriormente lo fue de la Dirección General de Seguridad franquista, motivo por el que quiere el Gobierno darle este reconocimiento.
Pide la suspensión cautelar de declaración
Los letrados de la Comunidad piden además en el recurso la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración mientras se está tramitando el conflicto de competencias para evitar los daños y perjuicios, "de imposible o muy difícil reparación", que creen que se ocasionaría "si se llegara a aprobar antes de la resolución del recurso", ha dicho la Comunidad en una nota.
En el recurso han señalado que el título competencial al que se acoge el Gobierno para la declaración de "lugar de memoria democrática" es "insuficiente" ya que no alcanza a cubrir las competencias de carácter ejecutivo como esta, que tienen que corresponder a las comunidades autónomas.
De esta manera, han creído que la jurisprudencia del TC atribuye a la Administración regional "competencias exclusivas" sobre este edificio, por ser la sede de su Presidencia y tratarse de un inmueble de dominio público autonómico que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Así, defienden que son "inconstitucionales" los artículos de la Ley de memoria democrática que dan al Estado la competencia para declarar un espacio como "lugar de memoria democrática" sin hacer caso a las competencias de la comunidad autónoma.
La Comunidad de Madrid señala "falta de lealtad institucional"
El pasado 24 de octubre salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que comenzó un expediente administrativo para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, de acuerdo a la Ley de memoria democrática.
La Comunidad de Madrid ya puso alegaciones el pasado mes de noviembre, haciendo una denuncia de la "falta de lealtad institucional" del Gobierno "por no haber existido comunicación previa alguna por parte del ministerio", y alegando además "falta de justificación de la medida".
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