El posible caso de acoso escolar que acabó con Sandra Peña, de 14 años, quitándose la vida en Sevilla ha llevado a la Fiscalía de Menores a abrir dos expedientes al colegio Irlandesas Loreto. Estos van a abordar una reforma juvenil sobre las menores implicadas y una posible responsabilidad del centro escolar.
Desde el Ministerio Público, que este lunes ha conseguido la documentación realizada durante la inspección educativa en el centro, han anunciado que aún no se han comunicado los nombres de las menores supuestamente implicadas en los hechos al no contar con el atestado policial.
Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo ha alertado de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría incluso perder el concierto educativo "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del mismo.
Va a ser la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, además la titularidad del centro es la que tiene que actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos mandados por parte de la Consejería. A partir de ese momento, en el caso de que el expediente administrativo llegue a la concusión de que ha habido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría llegar a determinar su retirada por parte de la Junta, de acuerdo con fuentes de la Consejería.
La Fiscalía realizó una inspección educativa
Esta decisión de la Fiscalía aparece después de que el jueves se hiciera una inspección educativa en el colegio. En ella, se comprobó que no se había activado ni el protocolo de acoso ni de conductas autolíticas, como así estaba forzado por la normativa vigente de acuerdo con el organismo. Por ello, se informó de que derivaría al Ministerio Público toda la información del caso y se abriría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para poder depurar las posibles responsabilidades.
Desde la familia de la menor fallecida, indicaron que iban a emprender "todas las medidas legales necesarias" ante la que piensan que ha sido una inacción del centro escolar. El tío de Sandra Peña, Isaac Villar, señaló que ante el episodio de bullying, el colegio tomó la medida de cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente.
Por otro parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para saber el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor. Además, ha pasado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia: "Los protocolos tienen que funcionar".
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