La Fiscalía Anticorrupción ha decidido finalmente denunciar el escándalo de las viviendas de protección en Alicante. Un caso que ha sacudido a políticos y opinión pública dado el momento tan sensible con la crisis de vivienda.
Además de esta denuncia, el asunto ya contaba con las querellas de la propia fiscalía, el PSPV-PSOE, el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y Manos Limpias.
Indicios de delito
El Ministerio público ha considerado que existen suficientes indicios de delito contra la administración pública como negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada. No se descarta que se amplíen los delitos a medida que avance la investigación.
La denuncia ha sido presentada este lunes y en ella han solicitado a la jueza que abrió diligencias por este caso que tome una batería de medidas para acreditar si los que consiguieron estas viviendas cumplían con los requisitos especificados en la convocatoria.
Entre otras medidas, han solicitado a la magistrada que pida a la Consellería de Vivienda toda la información sobre los requisitos y los adjudicatarios.
La denuncia se dirige contra los presuntos infractores, altos cargos del consistorio alicantino: Rocío Gómez, la ex concejala de urbanismo, la directora general de Organización Interna y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, el arquitecto del ayuntamiento y otros funcionarios de la Generalitat.
En total, hasta 15 personas con cargos políticos o funcionarios de la administración que consiguieron hacerse con alguna de las 140 viviendas de la promoción.
Un escándalo que ya ha provocado la dimisión de la concejala de urbanismo, pero la investigación sigue en marcha.
Primera oferta de vivienda pública en 20 años
La promoción del complejo residencial Les Naus ha sido la primera oferta de viviendas de protección oficial en el municipio en 20 años, por lo que había muchísima expectación.
En un momento de especial crisis en materia de vivienda, multitud de personas se inscribieron para intentar hacerse con una. Pero al descubrirse que el personal del consistorio y de la administración (y familiares) habían sido beneficiarios, estalló el escándalo.
El precio es de unos 200.000 euros por piso, una cantidad muy inferior al mercado libre en esta zona, donde pueden alcanzar el triple.
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