El juez federal Alvin Hellerstein rechazó por ahora la petición de desestimar los cargos por narcotráfico contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro.
El ex mandatario, que permanece encarcelado en una prisión de Nueva York desde el 3 de enero, alegó ante la corte federal de Manhattan que no puede sufragar los costes del proceso debido al bloqueo de sus activos.
Sin embargo, el magistrado de 92 años fue tajante al asegurar que el caso no se detendrá por motivos económicos, aunque estudiará las alegaciones.
Financiación de la defensa
Por ello, Hellerstein ordenaba al fiscal adjunto, Kyle Wirshba, que investigue si Maduro y su esposa, Cilia Flores, cuentan con otras vías de financiación para su defensa.
El juez reconoció que, de existir tales fondos, lo más probable es que estuvieran sujetos a sanciones o fueran susceptibles de decomiso, planteando la duda de si el tribunal tiene potestad para ordenar a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) el levantamiento de dichas restricciones para garantizar el litigio y el derecho a una defensa justa.
Maduro se declaró "no culpable" y se autodefinió como un "prisionero de guerra" tras su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses
Estado físico de Maduro
La segunda audiencia en el Distrito Sur de Nueva York generó una gran expectación mediática sobre el estado de salud de la pareja tras 2 meses de cautiverio.
Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, afirmó recientemente en redes sociales que su padre se encuentra "muy bien" y con "mucho ánimo".
Los cargos que pesan sobre Maduro incluyen 3 delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras, además de un cuarto cargo por la tenencia de dichos artefactos destructivos.
Por su parte, Flores enfrenta 4 cargos relacionados con la conspiración para importar droga y la posesión de armas.
Estrategia de defensa
Los abogados defensores, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, sostienen que el Gobierno de EEUU ha cometido un "error administrativo" al revocar las licencias de la OFAC que permitían usar fondos venezolanos para la defensa.
Alegan que esta situación vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a elegir representante legal.
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