La multitudinaria marcha descendió desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto por la avenida Naciones Unidas y paralizó por completo el tráfico vehicular en el centro de La Paz durante su recorrido. La muchedumbre, una vez en las calles colindantes de la legación diplomática, cercó la misma y dejó escuchar su voz de protesta.
En octubre de 2003, 65 personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas por la dura represión ordenada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Otras nueve personas fallecieron en los meses venideros por las graves secuelas de sus severas lesiones que no pudieron superar.
La rebelión, principalmente en la ciudad de El Alto, se desató para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno, negocio cuestionado. Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Es en ese marco que el asilo que el gobierno de Estados Unidos otorgó a Sánchez Berzaín fue rechazado hoy por miles de habitantes de El Alto, ciudad que fue el foco de la resistencia popular en octubre de 2003.
La interminable hilera se dividió en tres grupos: la primera de gremiales, la segunda comandada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y, por último, la COR lideró a otras instituciones menores. En conjunto, al menos 50 mil personas recorrieron las calles de la ciudad sede de Gobierno.
En inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos un fuerte control policial se desplegó para brindar seguridad al recinto. Policías de los distritos policiales 1, 2, 3, 4, UTOP, PAC, Polivalentes y la Unidad de Canes (CA-9), todos apoyados con dos carros Neptuno (coches antimotines), garantizaron a la legación diplomática.
Los gremiales fueron los primeros en intentar llegar hasta la puerta de la Embajada, un grupo de miles de campesinos de las comunidades ribereñas del lago Titicaca intentó también acercarse a la legación por la calle 6 de Agosto, objetivo que fue impedido por el contingente policial.
Sin embargo, por la presión de la protesta, acompañada de petardos y estribillos, la Policía permitió el ingreso de la muchedumbre que copó la avenida Arce a lo largo del edificio de la Embajada de Estados Unidos. El perímetro de la legación fue tomado previamente por el contingente de policías se replegó a lo largo del frontis y a la espera de lo que pudiera ocurrir.
PROTESTA
En ese contexto, diferentes sectores sociales fueron desfilando frente a la embajada gritando estribillos como “justicia”, “justicia para los caídos en la masacre de 2003”, “que no protejan a Sánchez Berzaín”, “abajo la media luna”, “Yanquis fuera de Bolivia”, “Estados Unidos asilo de asesinos”, entre otros.
Mientras un numeroso grupo de marchistas permanecía frente a los policías antimotines manifestando similares estribillos. Este grupo demandó que los funcionarios estadounidenses bajen la bandera norteamericana que ondeaba en el jardín de la legación. El pedido no fue atendido y no pasó a mayores.
No obstante, los ánimos se exaltaron más con la presencia de universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quienes dispararon gran cantidad de petaros en contra de la infraestructura del edificio, la misma que soportó los estallidos.
También un grupo de exaltados comenzó a agredir a los policías con patadas y palos. Los uniformados reaccionaron con disparos de gases lacrimógenos que dispersaron a los marchistas concentrados en todo lo largo de la avenida Arce.
Las personas se reagruparon en calles aledañas y encabezados por los campesinos “ponchos rojos” exigieron a los policías que les permitan realizar una marcha pacífica por el lugar, argumentando que estaban en su pleno derecho de protestar por las calles paceñas.
El pedido fue aceptado por el comandante general de la Policía Nacional, Gral. Miguel Alfonzo Gemio Urrutia, quien permitió que las personas empezaron a marchar delante de la embajada enarbolando tricolores nacionales, wiphalas y gritando “justicia”.
Los miles y miles de marchistas entre hombres, mujeres y jóvenes protagonizaron una interminable marcha pidiendo a gritos “justicia”, con claras muestras de agotamiento y efectos de los gases en los ojos que no impidió exigir su principal demanda: que los responsables de la masacre de octubre de 2003 no queden impunes
BERZAÍN
La semana anterior se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió asilo político al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quien, en octubre de 2003, fugó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada hacia el país del norte.
El mismo ex ministro, en contacto con algunos medios locales, confirmó su asilo político en Estados Unidos, supuestamente porque es un perseguido político, pese a que es uno de los dos principales responsables de la masacre de 65 personas y 400 heridos. Otras nueve víctimas fallecieron en los meses venideros porque no pudieron superar las secuelas de sus severas lesiones.
Por su parte, el presidente, Evo Morales, solicitó el domingo pasado al Gobierno de los Estados Unidos cooperación para que Sánchez Berzaín responda ante la justicia por la masacre que, junto a Sánchez de Lozada, ordenó a fuerzas militares.
REPRESENTANTES
En ese sentido, el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Gregorio Coronel, manifestó que la marcha también exigió respeto para los campesinos discriminados en Sucre y su repudio al asilo brindado a Sánchez Berzaín por Estado Unidos.
“Queremos igualdad y estamos de acuerdo con los procesos de cambio que esta llevando adelante Evo Morales y dentro de esos cambios se tiene que enjuiciar a los responsables que ahora de manera descarada están siendo protegidos por el gobierno norteamericano”, añadió Coronel.
Por su parte, el secretario de prensa de la Fejuve, Luis Ramos, en el lugar, con muestras claras de agotamiento dijo que esta protesta exigía cárcel para los que ensangrentaron y enlutaron a las familias de El Alto.
“Este es el paro cívico movilizado y pacífico de la gente que quiere que se haga justicia, de ninguna manera vamos a actuar como los locos de la Unión Juvenil Cruceñista”, añadió.
A su vez, el secretario ejecutivo de la COR, Edgar Patana, expresó su repudio en contra de la justicia norteamericana por proteger a personas que han cometido delitos de lesa humanidad y que no permiten que se haga justicia en Bolivia.
“Para la próxima, si ahora no nos escuchan en nuestro pedido de extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y otros, vamos a tomar acciones mucho más radicales en contra de la Embajada americana”, advirtió en el lugar Patana.
PARTICIPANTES
De la marcha participaron la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Gremiales, Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra).
También la Federación de Padres de Familia (Fedepaf), Sindicato de Choferes Primero de Mayo, Concejo Municipal, Federación Sindical Única de Campesinos del Radio Urbano y Suburbano (Fesucaruso) y la Federación de Mercados, entre otras.
EMBAJADA DE EEUU
La Embajada de Estados Unidos en La Paz hizo hoy público su deseo de mejorar las relaciones de su país con Bolivia y lamentó los hechos de violencia que se produjeron en las inmediaciones de su sede en el centro de La Paz.
En un comunicado de prensa, la legación diplomática norteamericana expresa además su reconocimiento al trabajo de los agentes de la policía boliviana en la defensa de su edificio, que fue atacado por una protesta hoy en La Paz.
Los agentes dispersaron con gases lacrimógenos a miles de manifestantes que durante más de dos horas protestaron contra la Embajada e intentaron rebasar el cordón de seguridad con piedras, palos, petardos y un neumático en llamas.
Los manifestantes, mayoritariamente de la ciudad de El Alto, protestaban porque esta semana se supo que EE.UU. concedió hace más de un año asilo político al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, quien está acusado de genocidio en Bolivia.
Sánchez Berzaín huyó a EE.UU. tras las revueltas de 2003 en las que murieron más de 60 alteños y que acabaron con el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), también prófugo en ese país y acusado de genocidio en Bolivia.
Paro Cívico.
La ciudad de El Alto declaró para este lunes paro cívico movilizado en protesta por el asilo político extendido por el Gobierno de los Estados Unidos al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio por la muerte de más de 60 persona durante la masacre de octubre del 2003 en Bolivia.
El máximo dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de esa ciudad, Édgar Patana, dijo que luego de la lucha de los sectores sociales del país que demandaron juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores surge "un asilo 'dizque político' al zorro (Carlos) Sánchez Berzaín que preocupa a la población en general y eso implicó que se tenga diversas reacciones en general".
"Nosotros hemos organizado para el lunes una movilización y un paro cívico en El Alto, para que tomen en cuenta a El Alto, para que se respete a la gente más humilde y se tome en serio el pedido de enjuiciar a Gonzalo Sánchez de Lozada, al ex ministro Sánchez Berzaín y otros que metieron bala (al pueblo) sin pensarlo dos veces y que luego se fugaron", dijo.
Patana indicó además que los sectores de El Alto aglutinados en la COR descenderán por distintas arterias que conectan a la ciudad de El Alto con La Paz para trasladarse a la embajada de los Estados Unidos, donde realizarán un mitin de protesta.
En octubre de 2003, una rebelión popular se opuso firmemente a la enajenación del gas y su posterior venta a Estados Unidos por un puerto chileno; además que demandó la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La reacción del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue una dura represión militar que causó la muerte de más de 65 personas y dejó al menos 400 heridas; de éstas, otras nueve víctimas fallecieron por las graves secuelas de sus lesiones.
Sánchez de Lozada, junto a otros ministros, huyó de Bolivia.
Patana lamentó que la burocracia del Poder Judicial se manifestara nuevamente al no haber extendido la solicitud de extradición para los sindicados cuando tenía que hacerlo, hecho que no lo hicieron dando lugar a que los abogados de Sánchez Berzaín logren su asilo en EEUU.
"Estados Unidos sabiendo del pedido de juicio de responsabilidades desde el 2003 no debió dar este asilo político porque no es una persecución política, es simplemente el clamor de pedir justicia", apuntó.
Jcch/Pta ABI
La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a un ampliado nacional en la ciudad de Sucre para este martes donde no se descarta declarar un paro indefinido del sector en apoyo a sus compañeros del transporte pesado y la falta de atención a sus demandas.
Por su parte, el principal dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, dijo que la concentración se iniciara desde las 8.00 de la mañana en la Ceja, para posteriormente descender hacia la sede de gobierno. Los diversos sectores participantes están agrupados en el Comité Interinstitucional de El Alto.
Patana indicó además que los sectores descenderán por las distintas arterias que conectan a la ciudad de El Alto con La Paz para trasladarse a la Embajada de los Estados Unidos, donde realizarán un mitin para protestar por el asilo otorgado a Sánchez Berzaín a quien acusan como uno de los principales responsables por la muerte de más de 60 personas durante la denominada "guerra del gas" en octubre de 2003.
Lamentó que la burocracia del Poder Judicial se manifestara nuevamente al no haber extendido la solicitud de extradición para los sindicados cuando tenía que hacerlo, hecho que no lo hicieron dando lugar a que los abogados de Sánchez Berzaín logren su asilo en EEUU.
"Estados Unidos sabiendo del pedido de juicio de responsabilidades desde el 2003 no debió dar este asilo político porque no es una persecución política, es simplemente el clamor de pedir justicia", apuntó.
Por otra parte, mencionó que nadie quiere que se vuelvan a repetir los hechos de discriminación como ocurrió en la ciudad de Sucre.
Junto al Concejal Roberto de la Cruz lamentaron que no exista un avance claro en el juicio de responsabilidades contra el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los muertos y heridos de 2003.
Por su parte el Presidente de la FEJUVE, Ismael Herrera, señaló que los alteños se encuentran unidos para luchar juntos en contra de los enemigos de la unidad del país como son; Jhon Cava, Aydé Nava, Fidel Herrera, Jaime Barrón, Tomy Durán, Sabina Cuéllar, Epifania Terrazas, Pablo Klinsky y Branco Marinkovick, quienes deben ser encarcelados.
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