La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a Manuel Ignacio D.D., acusado de violar a su hijastra, y a su pareja, Rosa Beatriz C.F., por maltratar ambos a sus otros dos hijos, a quienes pegaban habitualmente utilizando un cinturón o el cable de la plancha.
Manuel Ignacio D.D., de 47 años, se enfrenta a 14 años y diez meses de prisión por los delitos de agresión sexual y dos de maltrato familiar continuado contra sus hijos, quienes se encuentran bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Estos dos tipos penales se le imputan también a la mujer, de 39 años, para quien se pide un año y diez meses de cárcel.
En el escrito de acusación, el fiscal relata que, un día sin determinar de febrero de 2006, el procesado llamó a su hijastra, de 13 años, para que se dirigiera a su habitación, aprovechando que sus hermanos, de 11 y 9 años, no se encontraban en el domicilio familiar, situado en la calle de Cerrajería, en la capital. Al entrar en el cuarto, el hombre empezó a desnudarla. La joven se resistió fuertemente, dando "patadas al procesado que, finalmente, la sujetó para satisfacer sus deseos sexuales".
Al llegar la madre, el procesado le contó lo sucedido y ésta aconsejó a su hija que "no contara nada" de lo que había pasado porque era "un secreto familiar". La advirtió de que si decía algo la culparían de haber provocado al padre. Al saber que la chica se habíaquedado embarazada de su padrastro, la madre la obligó a abortar .
Según el fiscal, ambos acusados pegaban de manera habitual a los dos hijos que tenían en común. Manuel Ignacio D.D. utilizaba un cinturón para agredirles, mientras que Rosa Beatriz C.F. empleaba el cable de la plancha. En una ocasión, la mujer encerró a uno de los menores en la habitación para agredirle con dicho cable.
El Ministerio Público reclama que se imponga a Manuel Ignacio D.D. una orden de alejamiento respecto a su hijastra para que no se pueda acercar a ella a una distancia superior a 500 metros durante 15 años, así como que se le inhabilite para ejercer la patria potestad de ella y de sus otros dos hijos por un plazo de seis y tres años, respectivamente. Se pide también una indemnización de 12.000 euros para la agredida sexualmente.