El denominado 'Manifiesto Santander' ha surgido del seminario 'Muerte digna, asistencia ante la muerte', dirigido por el doctor
Montes y patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), entre otros, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En el manifiesto, que se enviará a los medios de comunicación, escritores y artistas para promover un debate social, se señala que
"todo ciudadano tiene derecho al alivio de sufrimiento al final de su vida" y a
"elegir entre las opciones disponibles".
En declaraciones a los periodistas, Montes explicó que el
'Manifiesto Santander' defiende el derecho a una
"muerte digna" y que es "
responsabilidad" de los políticos
"conocer cómo mueren los ciudadanos, garantizar el libre ejercicio de estos derechos y promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido".
El manifiesto, compuesto por nueve puntos, considera que
"ha llegado el momento" de debatir sobre estos asuntos, y entiende
"absolutamente necesario" que se
"desmitifique" la muerte, por lo que pide que se cree una Comisión en el Congreso de los Diputados que "
definitivamente" estudie estos temas.
Se aboga por el
"derecho a la autodeterminación, libertad y dignidad" del ser humano, que le permite
"disponer de su vida" y, por tanto,
"afrontar la muerte a la luz de su decisión personal," por lo que ve "
recomendable" que se registre esa expresión en un documento de instrucciones previas o testimonio vital con el que
"se evitarían conflictos que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte".
Manifiesto
La declaración matiza que el
"suicidio asistido" y la eutanasia van
"más allá" de los cuidados paliativos, que,
"aun cuando estuvieran bien implantados en la sanidad pública estatal, no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento".
Por tanto, considera que la Constitución y la legislación, además de
"seguir garantizando" el derecho a la vida,
"también deberían garantizar" el derecho a una
"muerte digna". De esta forma, se tacha de
"insuficiente" para garantizar este derecho el artículo 143.4 del Código Penal.
"Habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia", asevera.
Además, añade que los profesionales sanitarios que "
acepten" las prácticas eutanásicas o de ayuda médica al suicido deben realizarlas
"bajo determinados criterios" y estar "
legalmente protegidos", por lo que se reclama
"una buena regulación y una buena praxis" con la que se evitarían, además,
"prácticas clandestinas" y
"caer por la pendiente resbaladiza".
Asimismo, se rechaza por "
insultantes" los calificativos de "
nazismo" u
"homicidio eutanásico" para estas prácticas, y aclara que estas
"no se imponen a la totalidad de los ciudadanos", sino que pertenecen al
"ámbito de la libertad de elección personal" de quienes quieran disfrutar de este derecho.
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