Esa oferta es la misma que detalló ayer miércoles la consejera de Sanidad, Charo Quintana, que supone destinar 133 millones de euros en cuatro años para atender las mejoras salariales demandadas por los profesionales. Se trata, en palabras de Revilla, de una oferta "absolutamente generosa", que llega "hasta el límite" que se puede alcanzar sin "poner en riesgo la estabilidad financiera" de la comunidad autónoma.
"Un Gobierno sensato jamás puede estirar de la cuerda hasta que se rompe", agregó el presidente, quien reconoció que algunas de las reivindicaciones de los médicos son "absolutamente lógicas y asumibles", pero "no se puede asumir todo lo que plantean".
En vísperas de esa reunión en la que se encontrarán mañana de nuevo los sindicatos que promueven la huelga y la Administración sanitaria, el Gobierno de Cantabria ha querido hacer un llamamiento a la "cordura" y a la "responsabilidad" para que las esperanzas puestas en ese encuentro se cumplan y se pueda cerrar un conflicto que se prolonga ya durante cuatro semanas.
Para ello, comparecieron de forma conjunta ante los medios de comunicación el presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, la socialista Lola Gorostiaga, para reiterar que la oferta económica no puede mejorarse más y para ratificar la postura mantenida en todo momento por la Consejería de Sanidad.
"Es el momento ya de que pongamos todos sobre la mesa nuestra responsabilidad. Una responsabilidad que el Gobierno ha demostrado con creces y un compromiso de todo el Gobierno que, por si quedaban dudas, lo manifestamos hoy el presidente y la vicepresidenta. Queremos solucionar este conflicto en aras sobre todo de los ciudadanos, para que reciban la atención sanitaria que merecen", recalcó Gorostiaga.
"Solidaridad con los ciudadanos"
Llegado por tanto ese punto de "gravedad" en el conflicto, por los "problemas y perjuicios" que está causando a los ciudadanos, Revilla ha decidido hacer un "llamamiento" para que los huelguistas reconozcan que el Gobierno ha hecho un "esfuerzo extraordinario" en su oferta y para que desconvoquen los paros "por solidaridad con los ciudadanos que están padeciendo" las consecuencias de la huelga.
"Pido que mañana haya sensatez", insistió el presidente, quien reiteró que el Gobierno "ha llegado al máximo posible (en su oferta), a riesgo de sacrificar otros programas". "No puede haber otra alternativa. Hemos llegado al máximo. Y los ciudadanos podrán juzgar a este Gobierno muy próximamente, faltan tres meses para que nos digan en las urnas: señores, han actuado ustedes correctamente, o no", agregó.
En esta misma línea, dejó claro que el dinero no se puede "sacar de donde sea", porque supondría "ponerlo en un sitio a costa de quitarlo de otro", por ejemplo, las subvenciones a ayuntamientos, el plan de carreteras, los convenios con el CERMI, u otros proyectos, algo que un Gobierno "responsable no puede hacer", máxime, cuando ya se ha hecho "un esfuerzo importantísimo, sin precedentes en la historia de Cantabria".
Sólo para mejoras salariales
La vicepresidenta cántabra secundó estas ideas y coincidió en que asumir el cien por cien de las reivindicaciones médicas pondría "en peligro el sistema presupuestario". Además, recalcó que las peticiones económicas planteadas "servirán únicamente para mejorar retribuciones", mientras que en el tiempo transcurrido de legislatura los incrementos en gasto sanitario han permitido realizar mejoras salariales, contratar más personal y ampliar servicios.
En su opinión, es importante que los ciudadanos sean conscientes de eso y de que el "objetivo" y la "preocupación" del Gobierno es mejorar la calidad del sistema y que los usuarios "no sigan sufriendo ni un minuto más el deterioro en la calidad de la prestación sanitaria a la que tienen derecho".
También cree necesario un pronunciamiento del Partido Popular en el que explique "qué piensa" de la propuesta que hace el Sindicato Médico, qué le parece la oferta de la Administración y si "está de acuerdo con el modelo" que plantea la organización sindical.
Igualmente, reprochó a los 'populares' que se preocupen por los 80 millones de euros de desfase de las obras de Valdecilla, y no hagan lo propio con el coste, consolidable además año a año, que supondrá atender las reivindicaciones médicas. "Los ciudadanos tienen derecho a saber qué piensa el PP", apostilló.
Garantías a los pacientes
De cara a los pacientes que están viendo aplazadas sus consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, la vicepresidenta explicó que tienen garantizada la atención a través de la Ley de Garantías de Demora, un mecanismo que, no obstante, "cuesta mucho dinero".
Además, también muchas personas están siendo atendidas por profesionales sanitarios que no secundan los paros y están "trabajando con entrega y tesón" para atender a sus pacientes y a los de otros médicos que están en huelga. Por ello, Gorostiaga reconoció públicamente la labor de esos médicos y de los demás profesionales que se están "entregando a fondo" y "asisten atónitos" al conflicto.
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