Desde que el Gobierno central aprobase la Ley de Memoria Democrática se ha venido especulando con la posibilidad de retirar la gran cruz que preside el Valle de los Caídos, conocido ahora de manera oficial como Cuelgamuros, así como otros símbolos que se encuentran en su entorno.
A fin de evitarlo, el Ejecutivo madrileño se propuso el pasado mes de noviembre blindar el lugar mediante una nueva Ley de Patrimonio que regulase los conocidos como ‘nuevos patrimonios’. Tal y como estaba previsto, el Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la norma con los votos de Partido Popular y Vox, cuyas enmiendas han sido aceptadas en su totalidad.
De esta forma, el Ejecutivo aspira a “reforzar la protección del patrimonio” y, al mismo tiempo, “garantizar la adecuada conservación y difusión de todos sus bienes”. El concepto de ‘nuevos patrimonios’ incluye emblemas y símbolos relativos a ámbitos muy diversos: del patrimonio etnográfico al inmaterial, pasando por el industrial, el científico y el tecnológico. Prueba del mayor interés por la conservación es el establecimiento de un nuevo nivel de protección, el de los Catalogados, que se suma a los ya conocidos Bienes de Interés Cultural (BIC) e Interés Patrimonial (BIP). Asimismo, se crea el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Especial interés atesora lo relativo a la conservación y difusión del patrimonio cultural y etnográfico, y es que el nuevo reglamento, además de modernizar los instrumentos de protección vigentes hasta la fecha, amplía esta noción con el objetivo, apuntan, de reforzar la cohesión social. Así, pasaría a incluir "todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad".
Bien patrimonial a proteger
En concreto, el artículo 73c de la norma es el que aborda los bienes que recogidos en la categoría de patrimonio etnográfico. Este apartado fija la vista en la arquitectura religiosa, agrupando “calvarios tradicionales y cruces”. También todos aquellos “elementos decorativos y bienes muebles” que guarden relación con “el bien patrimonial a proteger”.
Del citado artículo se extrae el especial grado de protección al que podría acogerse, con el visto bueno previo por parte de técnicos expertos en la materia, la cruz del Valle de los Caídos, ubicada en el municcipio de San Lorenzo de El Escorial. Este símbolo cuenta además con el récord Guinness como la cruz más grande del mundo, con un tamaño de 152,4 metros.
Especialmente interesado en la cuestión se ha mostrado desde hace meses el grupo parlamentario de Vox, que ya ha reclamado en numerosas ocasiones la declaración del Valle de los Caídos como BIC para protegerlo de la “barbarie totalitaria” y el “ejercicio de rencor, represión y revanchismo” que, a su juicio, supone la Ley de Memoria Democrática. En esa línea, los de Rocío Monasterio han registrado ya varias Proposiciones No de Ley en la Asamblea de Madrid.
El bloque de la izquierda, por su parte, se ha servido del debate en sede parlamentaria para criticar lo que consideran una norma basada en el “sectarismo ideológico”. Asimismo, han coincidido en apuntar hacia una posible "invasión de competencias" que pertenecen al Ejecutivo español. También ha señalado que la falta de consenso puede traer consigo “una ley muerta”.
El texto aprobado, que viene a actualizar el régimen legal vigente desde el año 2013, entrará en vigor tras su disposición en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).
Leyes de Archivos y del Libro
En paralelo a la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio, el Pleno de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a las leyes de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, así como la del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico.
El nuevo marco normativo en materia de archivos y documentación, que ha contado con los votos a favor de PP, Vox y Unidas Podemos, pretende regular la correcta conservación y tratamiento de los documentos públicos, incluidos aquellos que se presenten en formato digital. De este modo, se supera uno de los grandes debes de la ley en vigor, aprobada hace más de dos décadas.
Otra de las grandes novedades es la limitación a la hora de externalizar la "guardia y custodia de documentos públicos", que pasará a estar limitaada en exclusiva a situaciones de urgencia. En cuanto al derecho de acceso, el texto trata de favorecerlo, adaptándose así a lo recogido por la Ley de Transparencia y de Participación regional.
Al igual que en el caso de la Ley de Archivos y Documentación, la norma sobre el Libro, la Lectura y el Patrimonio bibliográfico viene a actualizar la normativa vigente mediante su adaptación al entorno digital. Con ello se pretende además fomentar los hábitos de lectura y "reforzar la creación, edición, distribución y comercialización del libro". En este caso, se ha contado únicamente con los votos favorables de PP y Vox.
Al término de la sesión, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz ha expresado su satisfacción por la aprobación de las tres normas: "Parecía mentira que lo fuésemos a conseguir, pero al final lo hemos hecho. Son tres leyes muy importantes y necesarias". Con respecto a la falta de consenso, la consejera ha puesto en valor la escucha activa ante asociaciones y expertos. También la aprobación de enmiendas planteadas por todos los grupos. "Lo importante es que las leyes salgan adelante", ha zanjado.
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