La Comisión Europea reiteró ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general".
"Considera que es "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", respaldando así las posiciones de PP y Vox.
Sin embargo, señaló que no percibe "un vínculo directo" entre los delitos amnistiados y "los recursos propios de la Unión", como también se defendía desde la oposición al Gobierno en España.
Cuestiones prejudiciales
Estas declaraciones formaron parte de la vista celebrada por el TJUE tras las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español.
La vista aborda, en particular, si la amnistía podría comprometer los intereses financieros de la UE, un tema clave en el caso relacionado con 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
Dudas sobre la conexión entre el procés y los fondos europeos
En su intervención, abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, subrayó que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".
Aunque Bruselas reconoce que corresponde al Tribunal de Cuentas español determinar si hubo desvíos de fondos europeos para financiar el procés, también advirtió que el plazo de dos meses establecido en la ley de amnistía "podría impedir" que se realice un examen exhaustivo sobre este asunto.
Sin embargo, esta postura contrasta con la defendida por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, quien aseguró que el plazo de 2 meses otorgado por la norma permite al organismo realizar las investigaciones necesarias "sin ningún problema". Esta misma opinión fue respaldada tanto por la Abogacía del Estado como por los representantes legales de los demandados, quienes consideran que el marco temporal es adecuado para garantizar una revisión completa.
El impacto de la amnistía
El caso analizado por el TJUE tiene un alcance significativo, ya que podría sentar precedentes sobre cómo se equilibran las decisiones políticas nacionales con las obligaciones comunitarias en materia de transparencia y control financiero. Bruselas ha dejado claro que, aunque no ve un vínculo directo entre los delitos amnistiados y los recursos propios de la UE, la implementación de la ley podría interferir en la capacidad de los órganos judiciales españoles para cumplir con sus responsabilidades frente a la Unión.
Por otro lado, las defensas de los afectados han argumentado que la norma cumple con los principios de proporcionalidad y legalidad, al tiempo que fomenta la reconciliación política en España. Este debate demuestra la complejidad de conciliar intereses nacionales con las exigencias del Derecho comunitario, especialmente cuando están en juego temas sensibles como la financiación pública y la gobernanza regional.
Avales nacionales e internacionales
Mientras tanto, tiempo antes la ley de amnistía para Cataluña ha recibido el apoyo de otras instituciones.
La Comisión de Venecia, en 2024, ofrecía un informe favorable sobre la ley de amnistía, tan sólo dando 3 recomendaciones para España. La primera definir de manera más clara el alcance material y temporal de la ley del perdón para que sus efectos puedan ser más previsibles. Reforzar la conexión entre ambas consultas ilegales que se quieren amnistiar y los actos de malversación y corrupción que se encuentran actualmente investigando y enjuiciando. Y en tercer lugar, eliminar el criterio de la "sentencia firme" para excluir los delitos de terrorismo.
Recientemente, el Tribunal Constitucional, como se esperaba, avalaba la controvertida ley, desestimando así el recurso presentado por el PP.
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