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La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
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La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (Foto: Moncloa)

El Consejo de Ministros lleva finalmente al Congreso la nueva ley de vivienda

martes 01 de febrero de 2022, 14:34h

Después de un año de negociaciones entre el Gobierno de coalición, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente la nueva ley de vivienda, que llegará al Congreso para debatir su puesta en marcha definitiva. Un debate que se plantea complejo, pues de momento el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios.

Precisamente hace pocos días el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe desfavorable al respecto, aunque no se trata de algo vinculante y finalmente el Consejo de Ministros ha dado luz verde a su debate en la Cámara Baja.

Desde Unidas Podemos han subrayado que "no se ha cambiado ni una coma" del texto inicial al que los ministros dieron luz verde el pasado mes de octubre. Pero la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha matizado que el Ejecutivo ha analizado el informe del CGPJ y ha "incorporado comentarios" para aclarar determinados aspectos de la normativa autonómica.

Una ley "en contra de la especulación"

Ha destacado que con esta nueva ley se "blinda la función social que tiene la vivienda" y ha resaltado que no es una norma "en contra de los propietarios", sino que la ley va "en contra de la especulación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el objetivo de la nueva ley es convertir a la vivienda en el "quinto pilar del Estado del bienestar" y ha presumido de aprobar así la primera ley de este tipo en democracia.

Entre otras cuestiones, la nueva normativa plantea la penalización de las viviendas vacías, la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas, aumentar el parque público, prohibir la venta de patrimonio público residencial o que los juzgados puedan suspender de oficio los desahucios de familias vulnerables.

El recorrido del proyecto de ley se vaticina largo y complicado, pues de momento el Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacarla adelante y partidos como el PP ya han anticipado su negativa. De hecho, las comunidades donde gobiernan ya han amenazado con no aplicarla, pues consideran que interfiere en la propiedad privada y han advertido de llevarla al Constitucional.

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