"La falta de una justificación precisa, unida a la tardanza en reaccionar, potencia las especulaciones sobre este asunto", señalan los inspectores en una nota en la que explican el origen de los errores en las bases de datos, que no está en una actuación deficiente de la Agencia Tributaria, sino en la situación de estas fuentes de información en dichos años y en el proceso de transmisión de las mismas.
Tras repasar la evolución de las bases de datos de la Agencia y la dedicación del organismo a la lucha contra el fraude en el sector inmobiliario en los últimos años, los inspectores afirman que Hacienda dispone de información para explicar lo ocurrido y creen que debería aportarla y no limitarse a manifestar que son errores procedentes de la información de los notarios.
A su parecer, si esto no se lleva a cabo en un tiempo razonable "que ya se ha superado", quedarán abiertas todas las hipótesis ante los ciudadanos y los medios, por lo que desaparecerá la buena imagen que ha tenido hasta ahora la Agencia Tributaria.
De hecho, aseveran que después de tres comunicados y casi dos semanas de espera, no se han explicado suficientemente los errores cometidos ni el motivo por el que no se incluyó en el plan de inspección a la Infanta en los años 2007 y sucesivos, cuando hubiera sido lo normal, ya que la información existente en la base de datos figuraba como correcta en ese momento.
En este sentido, creen que la Agencia no debe escudarse en normas legales o en el gran número de requerimientos que tiene que atender para enviar una información de este tipo sin contrastarla antes. Además, cree que se deberían reformar los protocolos de remisión de información al exterior, distinguiendo la información que ha sido comprobada de la que ha sido contrastada con otras fuentes y la que no ha sido objetivo de análisis ni verificación.
En este último caso, la organización considera que si la Agencia es mera receptora de la información y se mantiene constancia de que pueden existir errores, habría que modificar la ley para que los interesados soliciten la información a la fuente de origen.
En el caso de la Infanta y ante los 11 errores de identificación cometidos supuestamente por los notarios, la organización cree que la Agencia debería investigar toda la información que llegó a la Agencia en cada caso, cuándo llegó y por qué medio. Además, debería dar una explicación lógica del error cometido y, si se desconoce, requerir a cada notario que aporte información, ya que sólo son cuatro.
La Agencia Tributaria debe detallar sus propios errores En cuanto a los dos errores cometidos por la propia Agencia, los inspectores creen que Hacienda no ha ofrecido ninguna explicación, cuando resulta "evidente" que se deben conocer los detalles de lo ocurrido.
Por otro lado, creen que el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro debería dar cuenta de las depuraciones de información que se hicieron en dichos años y en los posteriores, ya que en los planes de inspección existirá constancia de los criterios usados para evitar que los errores en la información de la Infanta influyeran en la selección de contribuyentes que se comprueban cada año.
Si no se detectaron errores de imputación al DNI 14, tal y como dice Hacienda en sus comunicados, la organización considera "necesaria" una explicación y la justificación documental del motivo por el que no se incluyó a la Infanta en el plan de inspección en los años siguientes a esas imputaciones, dado el elevado número de operaciones de venta que figuraban efectuadas a su nombre y su elevado importe.
"De esos años debe existir documentación acreditativa del proceso de selección", explican los inspectores tras asegurar que, si es cierto que en la información remitida al juez no figuran las verdaderas ventas efectuadas, se debería explicar el motivo por el que no figuran, así como el motivo por el que no se ha elaborado un nuevo informe una vez advertido el error en los datos enviados al juez.
En cualquier caso, aseguran que la imputación incorrecta a la Infanta en los años 2005 y 2006 no se debe a una actuación deficiente de la Agencia Tributaria o de los notarios, sino que es consecuencia de la situación de las fuentes de información en dichos años o del proceso de transmisión de las mismas que se ha ido corrigiendo con la voluntad y el esfuerzo de todas las partes.
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