Entra en prisión la primera ex alto cargo del caso de los ERE de Andalucía sin apurar los 10 días voluntarios

La que fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, Carmen Martínez-Aguayo, ha ingresado en la cárcel para cumplir la pena de 6 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de la pieza política de los ERE fraudulentos, según han confirmado a 'TVE' Instituciones Penitenciarias.

Es la primera de los 7 ex altos cargos socialistas condenados a prisión por el caso de los ERE que entra en la cárcel antes de los 10 días, después de que el pasado 22 de diciembre la Audiencia desestimara los recursos de sus defensas.

Martínez-Aguayo, la única mujer entre los ex altos cargos condenados a prisión, ingresó este miércoles en la cárcel de mujeres de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según informan diversos medios locales.

Griñán, pendiente de la suspensión de su ingreso en prisión

Por su parte Griñán, que solicitó la suspensión de su entrada en prisión por sufrir un cáncer de próstata de "imposible tratamiento en la cárcel", no ha obtenido ninguna novedad al respecto. Según ha indicado su letrado, está a la espera del informe médico forense pertinente que solicitó la Audiencia de Sevilla.

En total, son 5 los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el propio Griñán, los que están pendientes de entrar en la cárcel antes de que finalice el plazo el próximo 1 de enero.

Tan solo el ex viceconsejero Agustín Barberá, condenado a 7 años y un día de prisión, no ingresará por el momento en la cárcel por motivos médicos, ya que padece una enfermedad muy grave.

Martínez Aguayo intervino en los presupuestos de 2005 A 2009

Por tanto, de momento el único ex alto cargo que ha entrado en prisión es Carmen Martínez-Aguayo, médico de profesión, viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y consejera de Hacienda entre abril de 2009 y septiembre de 2013, y que fue condenada a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por prevaricación y malversación.

Cuando la jueza instructora del caso ERE Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán, Martínez Aguayo asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.

Martínez Aguayo defendió que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General de la Junta de Andalucía por lo que "no alertó" a su entonces superior, José Antonio Griñán, alegando que los reparos estaban relacionados con el pago de las ayudas a la partida presupuestaria 31L.

La sentencia contra Martínez Aguayo sostuvo que intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009, en los que se incluyó el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L "a sabiendas" de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo.

De la misma forma, ha recordado que perteneció al Consejo Rector de IDEA, lo que le permitió tener conocimiento de la existencia del convenio marco de julio de 2001, en virtud del cual se suscribieron los convenios particulares, y que las transferencias de financiación al IFA-IDEA, era para el pago por ésta de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo.