La Sala de Vacaciones inadmitió ayer el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención que emitió el Tribunal Supremo el pasado mes de junio.
Ahora según han anticipado fuentes de la Fiscalía, el ente público recurrirá en septiembre esta inadmisión y forzará así un debate en el pleno del órgano de Garantías, que desde hace unos meses cuenta ya con mayoría progresista.
Según ha trascendido, la actuación de la Fiscalía sucede al entender que no había ningún motivo de urgencia para que la Sala de Vacaciones del Constitucional tuviese que actuar ahora y resolver esta cuestión.
Diferencia de criterios
Consideran que no se trata de un asunto que se deba tratar rápido ni fuera del Pleno Constitucional, un pleno que ahora está en mayoría progresista mientras que la Sala de Vacaciones es al contrario, la mayoría que hay es de corte conservador.
Precisamente los 2 magistrados conservadores de la Sala de Vacaciones (Concepción Espejel y César Tolosa) votaron a favor de la inadmisión del recurso mientras que la progresista Laura Díez votó en contra.
La Fiscalía tendría 3 días de plazo para recurrir el auto, pero dado que agosto es un mes inhábil en los tribunales, el ministerio público dispone hasta el mes de septiembre para presentar el correspondiente recurso.
Además de la orden de detención contra el ex president de la Generalitat, el Supremo dictó las mismas para el ex conseller Tomi Comín y su defensa también presentó amparo al Constitucional.
Ambos recursos fueron inadmitidos por la Sala de Vacaciones y la Fiscalía también lo recurrirá.
Ambos políticos habían alegado en sus recursos al Alto Tribunal que se habían vulnerado varios derechos fundamentales ya que consideran que están protegidos por la inmunidad parlamentaria al ser eurodiputados.
La Sala de Vacaciones, con 2 votos frente a 1, se ha considerado competente para resolver este asunto alegando que los recursos solicitaban la suspensión cautelar de una resolución judicial (la orden de detención).
Un criterio que no comparte ni la magistrada progresista ni la Fiscalía, por lo que recurrirá en septiembre.
Todo esto en un momento complejo para la política, pues las negociaciones del PSOE para lograr una investidura de Pedro Sánchez pasan por el apoyo del sector independentista catalán (ERC y Junts).
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