El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de Carles Puigdemont que interpuso contra la orden nacional de detención que cursó el Tribunal Supremo el pasado mes de junio, tras confirmarse su acusación de malversación agravada y desobediencia.
Una decisión que ha tomado la Sala de Vacaciones del Constitucional, que está conformada por 3 magistrados. Fuentes jurídicas han informado de que la votación ha sido adoptada por mayoría, por 2 votos a favor (los de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel) y con el voto particular en contra de la magistrada del sector progresista Laura Díez, que consideraba que debería haberse admitido el recurso.
Las mismas fuentes han confirmado que 2 magistrados que han votado a favor justifican su rechazo al recurso por "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
Asimismo, la Sección de Vacaciones ha declarado previamente su competencia para conocer sobre la decisión de admisión del citado recurso de amparo, al venir esta exigida por la necesidad de resolver sobre la adopción de la medida cautelarísima solicitada de suspensión de una resolución judicial que acuerda la privación de libertad.
En este punto, la magistrada Díez también se ha opuesto al considerar que la Sala de Vacaciones no debió resolver por no ser urgente la decisión.
En medio de las negociaciones para la investidura
Esta decisión se produce coincidiendo con las negociaciones que está abordando el PSOE con otras formaciones para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Cabe recordar que el pasado junio, la Sala de Apelación confirmó el procesamiento de Puigdemont y de los ex consellers Antonio Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig por malversación agravada y desobediencia, tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno que derogó la sedición.
En la vista de apelación, la defensa del ex president pidió anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los ex consellers para "que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo" porque "ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable".
Pero la Fiscalía respondió que lo único que pretendían los rebeldes es "liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas" en los tribunales cuando "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes".
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